Uno de los derechos fundamentales de las personas es el derecho a la salud, consagrado por el Art. 18 de la Constitución. Es un derecho que genera obligaciones para el Estado, lo que significa que éste debe adoptar medidas de orden legislativo y administrativo para garantizar su ejercicio efectivo y goce pleno.
Entre esas obligaciones se tiene aquella que impone el Art. 35 de la Constitución, por cuyo mandato “El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud”; también se tiene aquella que impone el Art. 36.I de la Constitución, por cuyo mandato “El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud”.
Sin embargo, la mayoría de los bolivianos, salvo los que cuentan con suficientes recursos económicos, no logran ejercer efectivamente su derecho a la salud, ya que no pueden acceder gratuitamente a los servicios públicos de salud o, si acceden a dichos servicios, no reciben un servicio para nada eficiente peor aun oportuno y ni hablaremos con calidad o calidez.
La causa para esa sistemática violación del derecho a la salud es que, desde mucho tiempo atrás, el sistema de salud pública se encuentra en una crisis estructural, caracterizada por una inadecuada asignación presupuestaria que se traduce en la insuficiente dotación de infraestructura, equipamiento e insumos, así como en la inadecuada asignación de personal médico y paramédico.
Aunque, esta crisis del sistema de salud pública en nuestra región, el Gobierno Nacional la apaleo un poco con la entrega de 22 ambulancias en abril de 2015 y se podía calificar como un buen síntoma de que se estaba queriendo garantizar el derecho a la salud, no ocurrió así con la firma del contrato de construcción y equipamiento del Oncológico, donde el Gobierno Nacional se hacia cargo del 50% de la inversión y la Gobernación de Tarija del otro 50%.
Lo escrito líneas arriba lo anotamos solo como muestra, pues no es necesario retroceder gestiones para demostrar que el derecho a la salud no se cumple, ya que a principios de esta semana, el tira y afloja que nos sometió entre el Ministerio del ramo y el Sedes por ítems devela claramente que aun nuestras autoridades de turno, tanto nacionales como locales, no toman conciencia de que la felicidad radica, ante todo, en la salud.