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(elPeriódico – mayo 19) El debate por la posible modificación a la Ley de Imprenta se intensifica cada vez más, pese a que el tema aún no figura en los temas que analizará próximamente la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS). Mientras que el oficialismo, critica al periodista Carlos Valverde por las supuestas mentiras que difundió en el caso Zapata, los opositores aseguran que el Gobierno quiere callar a los medios de comunicación independientes.
El asambleísta Departamental de La Paz, Gustavo Torrico, aseguró que este tema aún no está en agenda de debate. No obstante explicó que la actual Ley de Imprenta debe mantener la integridad de los periodistas y el resguardo de sus fuentes.
“En estos tiempos, una ley de medios tiene que resguardar la integridad de los periodistas, que se preserve su derecho a tener bajo siete llaves su fuente, que no se le puede obligar a revelar su fuente en un caso de investigación”, dijo.
Torrico también considera que los periodistas deben ser responsables en la investigación que realicen y cuestionó que Valverde primero afirmó que realizó una investigación en su revelación sobre la relación entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata y luego aparentemente se retractó.
“Otra cosa que se debe tomar en cuenta es que un dato publicado en las redes sociales no debe ser tomado como fuente para un periodista, el periodista debe ser la fuente de las redes sociales (…) Creo que hay modificar la Ley de Imprenta, pero hay que reunirse con los periodistas”, señaló.
Acotó que los periodistas deben tener el derecho al libre acceso a la información en las entidades estatales, y si a partir de esa investigación, se descubre “alguna cosa digna de denunciar, se debe denunciar”.
“Pero ¿qué ocurre si el periodista difama a partir de su medio de comunicación? Ahí se debe sancionarlo con la Ley de Imprenta o el Código Penal, ahí es donde deberíamos medirnos de igual a igual”, indicó.
Por su lado, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, el Gobierno le teme a los medios de prensa independientes, por lo que ahora intenta abrir nuevamente el debate sobre una modificación a la Ley de Imprenta, a partir de un supuesto retroceso en las declaraciones de Valverde en el caso Zapata.
“Están en una estrategia de procurar silenciar a los medios independientes, como no funciona el aspecto de cortarles el presupuesto, ahora quieren intentar por otro lado, por el lado del procesamiento judicial”, señaló.
Agregó que el Gobierno “tiene temor de escuchar la verdad” a través de los medios de comunicación independientes que no responden a una línea estatal. Por lo tanto, los ciudadanos no tendrán un espacio en el que se pueda nutrirse de una información equilibrada, opinó.
Finalmente, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, aseguró que abrir un nuevo debate sobre posibles cambios a la Ley de Imprenta, es “una mala señal” porque el Gobierno intenta callara a los periodistas.
“Les preocupa que existan periodistas y que se investigue ciertos casos, se está tratando de callar a los periodistas. No deben aceptar que se modifique la Ley de Imprenta, así como los abogados están en emergencia, los trabajadores de la prensa tiene que unirse y no permitirlo”, expresó.
Críticas a Carlos Valverde
En tanto, las críticas al periodista Carlos Valverde continúan después que éste afirmó que el presunto hijo de Zapata y del Mandatario ni siquiera llegó a nacer. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que no existe ninguna orden de aprehensión en contra del comunicador cruceño y que lo único que lo persigue es “su conciencia”.
“Valverde debe preocuparse de lo que hay en su conciencia, seguramente la ciudadanía debe dar su veredicto, nadie puede mentir impunemente y no buscar la fuente, no contrastar con la contraparte. Nadie puede hacerlo sin que la ciudadanía le quite su confianza, lo único que persigue a Carlos Valverde es su conciencia, no hay orden de aprehensión”, afirmó.
Asimismo, afirmó que si Valverde pretende mantenerse “en resguardo” es porque teme que la ciudadanía le pida los premios, los beneficios que seguramente le fueron otorgados por su investigación en el caso Zapata, caso que Montaño considera “un espectáculo lamentable”.