Hace ya bastante tiempo atrás se han conocido las recomendaciones de la Contraloría General por la auditoría ambiental que se realizó al río Guadalquivir, son claras y contundentes. De ahí hasta la fecha debemos preguntarnos qué se ha hecho para cumplirlas, más allá de que son de carácter obligatorio… la respuesta es nada o casi nada. La ausencia de conciencia ambiental y de qué manera nos afecta la depredación de nuestro entorno, es una constante en las autoridades y la población.
El río sigue siendo víctima de la extracción sin control de sus áridos, así ha sido en más de dos décadas y tal vez nos quedamos cortos. El Guadalquivir sigue recibiendo cantidades peligrosas de agro químicos y pesticidas que van a los cultivos que riegan con sus aguas. Este afluente continúa como receptor de desechos humanos de poblaciones y comunidades que están más arriba de la ciudad de Tarija y también de muchos barrios de esta urbe que no cuentan con alcantarillado y sufren las consecuencias de un pésimo trabajo en cuanto a saneamiento básico. El río sigue siendo el lugar donde se descargan los rebalses de las lagunas de oxidación de San Luis y de las quebradas que son » letrinas a cielo abierto» llevando basura, contaminación, enfermedades y muerte. Aún podemos ver que en medio del pedregal se lava ropa con jabones y elementos que contienen químicos dañinos, también se les «saca brillo» a vehículos de todo tonelaje sin importar las fugas de aceites y líquidos que se entremezclan con su caudal matándolo (nos) lentamente. Aún en pleno siglo XXI la sangre de los animales sacrificados en el matadero municipal de una ciudad de más de 250 mil habitantes, llegan al Guadalquivir por medio de otra quebrada (Cabeza de Toro), descomponiéndose y exponiendo la salud pública, todavía hay quienes se atreven a salir a decir que «sólo es sangre» lo que desecha este centro de faeneo. En fin, justo por esos que piensan así, estamos como estamos.
Si podemos entenderlo, en vez de estar avanzando en función de lo que nos dice esa auditoría, seguimos con acciones agresivas y destructivas que no persiguen corregir las atrocidades que se cometen. Incluso hablamos de proyectos ligados al tema sin contar con estudios a diseño final y licencia ambiental, sin información clara para la gente que tiene el derecho de saber no sólo lo que se hace con sus recursos, sino también con su futuro. No podemos imaginar qué intereses pueden estar en juego como para que a las autoridades no les preocupe ni siquiera lo que pueda sucederles a sus propias familias, hijos y nietos, que por vivir en esta tierra pueden estar siendo condenados a sufrir las consecuencias de las acciones pasadas y presentes.