Arturo D. Villanueva Imaña
Sociólogo, boliviano
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(parte I)
En pasados días, luego de casi una década de gobierno transcurrida, y como queriendo exorcizarse de sus propios demonios en un acto que deriva y delega a la justicia ordinaria (cuando muy bien pudo ser encarada por si misma); el oficialismo decidió aprobar un juicio de responsabilidades largamente esperado. Se trata del juicio contra autoridades de gobierno que dieron curso y aprobaron aquel eufemismo denominado “capitalización”, siendo que en verdad no era otra cosa que la privatización y despojo (preferentemente en manos de intereses extranjeros y transnacionales), de nuestras empresas y recursos.
Dicha decisión que pudo haber constituido un paso en la recuperación de la dignidad nacional y la reparación de un acto doloso, está signado por la doble paradoja de un discurso que pretende adueñarse de históricas demandas y tareas populares, siendo que en la práctica encara, representa y se encuentra sometido a los intereses que afirma repudiar y rechaza.
Y es que no puede haber nada más extraño y paradógico (pero sumamente útil para engañar, confundir y capitalizar réditos en la opinión pública), que al mismo tiempo de aprobar iniciativas (generalmente de alto impacto mediático y simbólico, pero de poca o relativa efectividad concreta en los asuntos estratégicos), efectúe acciones y adopte políticas que no solo van en contra del discurso (incongruencia entre discurso y práctica), sino que perfeccionen y profundicen precisamente sus factores más aberrantes, o los males y daños que rechazan.
Se trata de lo que podría denominarse como la reincidencia fáctica, que al mismo tiempo de señalar lo que se debe esperar a futuro por una medida adoptada (el juicio de responsabilidades), paralelamente la repite y reproduce en sus factores más graves (la privatización).
Ahora la palabra mágica no es privatización, sino inversión, pero tiene el mismo propósito, la enajenación. Se ha mutado el concepto, pero se mantienen las viejas prácticas y fines. Para dar facilidades, todas las garantías y cumplir la exigencia de seguridad a la inversión extranjera, se ha hecho hasta lo impensable en un régimen neoliberal que se supone encaraba lo más perverso de la privatización.
A ese efecto de subasta nacional, se han suspendido las nacionalizaciones y la recuperación de nuestros recursos naturales. Junto con la aprobación de una nueva ley minera, más ultraliberal que el antiguo código gonista, se ha permitido que la minería quede en manos de grandes empresas transnacionales y cooperativistas, que al margen de provocar enormes daños socioambientales en todo el país, tributan y dejan miserables recursos por el saqueo salvaje al que someten los recursos mineros, mientras se llevan y acumulan grandes riquezas con la protección del gobierno, que penaliza y criminaliza la protesta social. Como si ello no fuese suficiente, se han abierto, ampliado y expandido las áreas tradicionales de explotación, llegando inclusive a disponer las áreas protegidas para la angurria extractivista, cuyos territorios en los que se encuentran diversos pueblos indígenas, ahora mismo son reclamados por las corporaciones internacionales para iniciar tareas de exploración y explotación hidrocarburífera. Para su sed de saqueo y afanes de sometimiento, es como si no fuese suficiente tener a disposición lo que ya fue entregado.
Por otra parte, a título de ampliar la frontera agrícola, también se ha decidido perder y quemar (con el enorme costo ambiental y climático que ello supone), cientos de miles de hectáreas de bosques y biodiversidad, para entregarla a la explotación extensiva de monocultivos de exportación efectuada por grandes empresas agroindustriales, que además exigen el cultivo de transgénicos y el envenenamiento de la tierra y la producción, con el uso de agrotóxicos. Se han facilitado tanto las condiciones para atraer “inversión extranjera”, que no se ha dudado (muy a pesar de la drástica baja de los precios internacionales de las materias primas), en ofrecer “incentivos” que no solo suponen pagar precios muy por encima de los actualmente existentes en el mercado internacional (50 dólares cuando están por debajo de los 30), sino deshacerse y entregarles parte de los propios ingresos nacionales percibidos a través del IDH (lo que supone quitarse el pan de la boca), para entregárselos a las corporaciones y empresas transnacionales.
Como colofón de este afán de subasta y una vez adquiridos enormes titulares en varios medios influyentes de comunicación internacional, queda en la retina nacional esa visita realizada a Nueva York por el propio Presidente Evo Morales, donde puso en oferta y ofreció todas las garantías imaginables para que los intereses transnacionales se fijen en Bolivia.
En fin, la lista podría alargarse mucho más, porque solo se ha hecho referencia a lo que se denomina como recursos estratégicos, siendo que, como veremos, ha alcanzado otros, hasta los más insospechados en otras épocas, incluida la neoliberal.
Cochabamba, Bolivia.
Enero 19 de 2016