Frente al despido “injustificado” de la exgerente departamental del Contraloría en Tarija, surge la posibilidad de apelar a la justicia internacional
Gabriel Morales/Bolinfo/ Tarija
(elPeriódico, septiembre 11/2019) La noticia de la denuncia interpuesta por la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional en contra del contralor general del Estado, Henry Ara Pérez, como a las magistradas del Tribunal Constitucional, Karem Gallardo y Georgina Amusquivar, por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, entre otros, abrió el debate a la opinión pública.
A más de un año
El testimonio de la denunciante, Carmen Ortiz Cerezo, exgerente departamental de la Contraloría, sostiene que hace aproximadamente un año fue despedida de la institución “sin motivo legal” y de manera “arbitraria” por el contralor.
“No ha cumplido ninguna normativa para ello, más aún sin considerar que tengo carrera administrativa y además, una discapacidad motora grave, por esa situación si querían despedirme el contralor tenía que seguirme un proceso interno”, aseguró.
En esa línea, aseveró que luego de recurrir a un amparo constitucional, recurso que tutela los derechos constitucionales del ciudadano, la juez del Tribunal de Justicia le otorgó la tutela por la inamovilidad, apoyada en la sentencia de vulneración de derechos por parte del contralor general, por lo que instruyó la restitución de Ortiz en su cargo, más el pago de sueldos devengados.
Sin embargo, la denunciante señala que en el afán de “no devolverle el cargo”, Ara nombró al gerente departamental de la Contraloría en Potosí, Daniel Lazarte Estrada para remplazarla “inmediatamente”.
“Decían que el cargo ya estaba ocupado y que yo me vaya a Potosí, y por la inamovilidad que tengo, nuevamente ha vulnerado mis derechos, porque resulté beneficiada, entonces mi amparo fue a Sucre”, explicó.
Recordó que en el Tribunal Constitucional “copiaron” los argumentos para emitir una resolución favorable al contralor.
Sobre esa base, la denunciante indicó que en su calidad de gerente departamental de la Contraloría, dio curso a todas las auditorías y denuncias que pasaron por sus manos, incluyéndolas en el plan operativo anual de la institución, cuya aprobación se define en la Contraloría General del Estado.
“Por ejemplo, yo he firmado una auditoría sobre el informe de la escuela de Tojo de una adjudicación que hizo el exgobernador, Lino Condori Aramayo, y no conozco qué otras más habrán realizado posteriormente”, indicó.
Anunció que ante la situación actual de la justicia boliviana, recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al haber agotado todas las instancias en el país.
“Sería nefasto para otras personas con discapacidades lo que podría ampliarse a mujeres en período de gestación o con hijos menores a un año, que por sus méritos puedan acceder a un puesto jerárquico de dirección, ya que un pronunciamiento sobre su inamovilidad generaría que no se los considere para ocupar tales puestos, por la posible eternización en los mismos que dirigiría a un trato discriminatorio”, cita el informe del contralor, Henry Ara.
losDATOS
- La exgerente departamental de la Contraloría, Carmen Ortiz fue despedida el 21 de diciembre de 2017
- La denunciante apelará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
laCIFRA
1985
Fue el año en que Carmen Ortiz Cerezo ingresó a trabajar en la Contraloría General.
