Pese a las denuncias existentes hay casos, cuyas investigaciones están paralizadas
ÁLVARO POSTIGO/BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico – junio 29/2018) Al momento de denunciar favoritismo en las instituciones públicas en la contratación de personal, el presidente de la Federación de Profesionales de Tarija, Jorge Bacotich Oliva, cuestionó que el secretario de Energía e Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, aún permanezca en el cargo después de las denuncias de los vales de gasolina de la empresa de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), autoridad que debió ser procesada internamente, para después derivar el caso al Ministerio Público.
En ese sentido, hay quienes cuestionan el procedimiento cuando funcionarios de alto rango y de otras unidades menores de las principales instituciones de Tarija, como la Gobernación, la Alcaldía y demás ante una determinada acción irregular no son sancionados, como en el caso denominado de los vales de gasolina.
Al hacer un seguimiento, pudo denotarse que redujo el número de este tipo de procesos internos en las instituciones públicas locales.
El representante de los profesionales lamentó que las designaciones de empleos sean por “favoritismo” y por “influencias políticas”.
Según Bacotich este accionar, va en desmedro para aquellos profesionales que realmente son idóneos para el cargo.
Sobre este tema, el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ervin Mancilla Olarte, dijo que en reiteradas ocasiones cuestionó el trabajo que realizan tanto el secretario de Justicia, Yamil García Delfín como y el director de Transparencia, Waldo Tarifa.
El asambleísta argumentó que ambas autoridades no investigaron las irregularidades en las que se vio involucrado el exdirector del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), Omar Molina Ávila y el secretario de Hidrocarburos, Freddy Castrillo.
La directiva de la Asamblea Departamental de Tarija y la bancada de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), solicitaron en julio de 2017 a la Unidad de Recursos Humanos de la entidad legislativa, como también a la Gobernación, un informe detallado de los currículos de cada funcionario que es parte del Gobierno Departamental.
Según el asambleísta y exsecretario de la directiva del ente legislativo, Abel Guzmán Murguia, la finalidad de dicha petición de informe fue para conocer si los profesionales y técnicos que están vinculados a la Asamblea como la Gobernación cumplen con todos los perfiles que establece la ley para ocupar ciertos cargos.
Durante los cuatro años de la gestión de Lino Condori Aramayo en la Gobernación, la Dirección de Transparencia recibió un total de 84 denuncias de corrupción desde el 2011 hasta el 2014.
La mayoría de estos casos son de tipo administrativo que fueron pasadas a la juez sumariante para iniciar acciones y determinar las sanciones.
Desde la gestión 2015 hasta el presente año, el número de denuncias de este tipo redujo, aunque, no precisan la cifra exacta.
En el caso de la Asamblea Departamental durante su gestión la expresidente Sara Armella Rueda, no presentaron casos en los que estén involucrados funcionarios de esta institución.
Remarcó que una persona que estuvo trabajando durante la gestión del expresidente Williams Guerrero Quiroga, fue encontrada negociando con los puestos de trabajo dentro de la institución, quien fue retirada “de inmediato” de su fuente laboral.
Al interior de la actual administración de la Gobernación por las denuncias de corrupción, problemas administrativos y supuesto nepotismo, el director de Transparencia, Waldo Tarifa, solicitó un informe a la Gerencia de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), por el caso de los vales de gasolina, donde no solo se involucra al secretario Castrillo en el hecho, sino que hay tres personas más.
“Hicimos la solicitud a la Gerencia de Setar para que no solo veamos la situación de Castrillo, sino de las personas que hubiesen entregado los vales”, afirmó Tarifa.
Tarifa señaló que en la gestión 2016 se sentaron un total de siete denuncias en diferentes asuntos, entre ellas, las irregularidades detectadas en la Feria Exposur 2012.
Anteriormente, en la gestión de 2015, atendieron 25 casos por denuncias de presunta corrupción en contra del exgobernador Lino Condori como exfuncionarios de la Gobernación.(eP).
Datos
Un funcionario de la Gobernación fue sancionado con el 20% de descuento de su haber por el caso del “canal fantasma” de San Jacinto.
Una denuncia en contra de los funcionarios de la Dirección de Comunicación de la Gobernación y el representante del canal RTP Yacuiba, fue formalizada en julio del año 2012 por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de publicidad.
Apunte
Unidad de Transparencia de la Alcaldía reactivada
El alcalde Rodrigo Paz Pereira, resaltó que durante su gestión, la Unidad de Transparencia fue reactivada; sin embargo, no pudo obtenerse ninguna información para conocer el número de procesos administrativos donde estén involucrados funcionarios de la Alcaldía.
Pudo conocerse de la destitución de dos funcionarios municipales en la gestión 2017, el director de Catastro, René Luna, quien estaría involucrado en presuntos casos de corrupción, como el despido de Rolando Ruiz, quien fue removido en primera instancia de la Gerencia de la Entidad Municipal de Aseo de Tarija (EMAT), y pasó a ocupar la Secretaría de Movilidad Urbana, de donde fue despedido, por presuntas irregularidades.
Al poder demostrar que su despido fue injustificado mediante un amparo, Ruiz fue restituido como trabajador de la Alcaldía.
Según el informe emitido por la Defensoría del Pueblo de Tarija, las instituciones más denunciadas por vulneración a los derechos humanos que se encuentran en la lista después de la Policía son: Gobierno Municipal de Cercado y el Tribunal Departamental de Justicia.
En contraste, los concejales opositores a la gestión, indicaron que esta unidad no dio ninguna respuesta a los procesos de presunta corrupción presentados, quedando las investigaciones paralizadas. (eP).
Nota de apoyo
Para evitar más irregularidades, Gobernación se apega al decreto
ÁLVARO POSTIGO/BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico – junio 29/2018) El secretario de Economía de la Gobernación, Manuel Figueroa de los Ríos, explicó que dentro de la administración central, cumplieron con todos los requerimientos en la contratación de profesionales y técnicos, por lo que descartan cualquier irregularidad como señalan los asambleístas departamentales.
Figueroa dijo que en el marco del decreto de austeridad emitido por el gobernador Adrián Oliva, en julio del año 2015, la administración central redujo “considerablemente” los gastos de funcionamiento y la contratación de personal casi hasta un 50 por ciento a comparación de otras gestiones.
El presidente de la actual directiva de la Asamblea Departamental, Guillermo Vega Flores, dijo que están analizando proceder al recorte de personal como fuese realizado en abril, cuando alrededor de 80 funcionarios del ente legislativo, por lo que actualmente se con un centenar de trabajadores que realizan diferentes labores. (eP)