El fondo del averno
Por Ramón Grimalt
El escándalo de la dudosa licitación pública de mochilas y material escolar adquirido por la Alcaldía de Cochabamba pone una vez más de manifiesto que la corrupción acaba impregnado todos los poderes del Estado sin que éste tenga la capacidad para reaccionar de un modo claro, eficiente y contundente.
Existe en estos momentos una profunda sensación de depresión manifiesta en una sociedad que se siente tan burlada como defraudada. Hasta ahora, el alcalde, José María Leyes, no ha encontrado ni la oportunidad ni el contexto para explicar las condiciones de un contrato suscrito en medio de una nebulosa de pronóstico reservado; al contrario, ha adoptado una actitud a la defensiva que no hace otra cosa que retratarlo ante la opinión pública como un individuo poco fiable. El problema, como siempre sucede, es que el Gobierno aprovecha la coyuntura para echar más leña al fuego. Si bien desde Plaza Murillo se pide coherencia, transparencia y sobre todo justicia, se comete el imperdonable error de politizar el asunto, al punto que el inefable vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, rompe la baraja afirmando que la derecha compra en China en vez de hacerle gasto a nuestros pequeños y medianos empresarios. A la hora de una afirmación tan temeraria, García Linera olvida el poder gravitante de los intereses chinos en Bolivia, que ya son unos cuantos, aunque el vice es uno de los políticos con patente de corso para decir lo que le dé la gana aunque en honor a la verdad nunca diga otra cosa que no sea demagogia y retórica progresista.
Al margen de ello, naturalmente, el Estado tiene la obligación de investigar hasta dónde llega esta licitación aparentemente fraudulenta; también, por cierto, otra operación financiera bastante similar encarada por la Alcaldía de Oruro. Toca, entonces, dar la cara y demostrar que si bien Leyes está en el punto de mira, otro tanto debe pasar con Édgar Bazán, burgomaestre en teoría independiente pero asociado al Movimiento Al Socialismo (MAS). Aquí, comprenderá usted, no se puede tener manga ancha con uno y estrecha con otro, simplemente por el color de la polera que viste. Sí, ya sé que usted reconocerá que el Gobierno no tuvo ninguna indulgencia con los implicados en el caso del Fondo Indígena, pero su proceder ha resultado absolutamente errático en el affaire Zapata, con ella, Gabriela, en la cárcel, mientras no se movía una ficha en el Ministerio de la Presidencia de donde entraba y salía con tranquilidad, displicencia y protección. Ciertamente para bailar se necesitan dos y, por supuesto, en un caso de corrupción es tan culpable quien paga por pecar, quien peca por cobrar y quien hace la vista gorda, como sucedió en el caso de Luiz Inácio Da Silva, el expresidente de Brasil encarcelado por corrupción en el marco del polémico Lava Jato. Pero ese es otro jardín, en el que entré en una columna anterior.
Lo que es preciso atender es el nivel de degradación institucional de las instituciones públicas al margen del marco normativo de leyes como la Marcelo Quiroga Santa Cruz. Si se entiende que la corrupción es un cáncer en algún rincón del débil organismo del Estado que ya ha hecho metástasis y no existe una cura posible, lo lógico y coherente sería que la sociedad civil tomara cartas en el asunto. No se trata de transmitir la papa caliente a los comités de vigilancia de las instituciones ni siquiera a los llamados a fiscalizar (concejos municipales y órgano legislativo), sino de tener la suficiente cintura política (representatividad al margen de los partidos) para presionar al ministerio público. Pero este es el mundo ideal, la Arcadia perfecta. En realidad habitamos en el fondo del Averno donde todos los gatos son pardos y nadie se atreve a denunciar por aquello de la cola de paja.