La Fiscalía en la audiencia de medidas cautelares solicitará la detención preventiva de ambos, por existir los riegos de fuga y de obstaculización
LAURA VIDAURRE/ BOLINFO/ TARIJA
(elPeriódico- marzo 01/2018) El Ministerio Público ha imputado a un juez y un exmagistrado del Órgano Judicial por el presunto delito de prevaricato que fue ampliado a un presunto delito de enriquecimiento ilícito.
El fiscal departamental, Carlos Oblitas Álvarez, explicó que desde la gestión pasada inició con la investigación en contra de los ahora imputados por el delito de prevaricato.
En el proceso la Fiscalía comprobó que las cuentas bancarias de los dos imputados tenían grandes montos de dinero, aunque el fiscal no quiso revelar esos números.
Aparentemente, los investigados no pudieron justificar ese dinero, en consecuencia, hicieron la imputación.
La audiencia de medidas cautelares en contra de los imputados, fue suspendida porque el Juzgado Segundo Cautelar de Instrucción se encuentra sin juez.
“Entendemos que la defensa y el Ministerio Público desplegaremos todos nuestros mecanismos, en virtud a que corresponde la atención por parte de los fiscales asignados a la causa”, dijo.
La Fiscalía en la audiencia de medidas cautelares solicitará la detención preventiva de los imputados por existir los riegos de fuga y de obstaculización.
El fiscal dijo que en esta etapa de investigación, van a determinar si pueden demostrar o no que este dinero que fue identificado en las cuentas bancarias provienen de hechos de corrupción o provienen por otras situaciones.
Oblitas aclaró que uno de los imputados, continúa ejerciendo labores como juez, mientras que el otro, ya cesó en sus funciones.
El fiscal, aclaró que los aludidos están involucrados en un solo hecho.
La denuncia es por las irregularidades encontradas en sus cuentas bancarias cuando desarrollaban la función de jueces, pudiendo haber incidido en ciertas determinaciones en diferentes procesos judiciales. (eP).
Apunte
¿Qué es el prevaricato?
La prevaricación o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que la misma es injusta y contraria a la ley. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público.