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El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, anunció el martes que ese sector se encuentra en emergencia por la aprobación del proyecto de Ley de Empresas Sociales en la Cámara de Diputados.
Mediante un comunicado, Nostas pidió a la Cámara de Senadores que reconsidere con urgencia varios artículos del proyecto de ley, especialmente el 4 y 7, a los que consideró «medios para confiscar la propiedad privada e inviabilizar la apertura de empresas en el país».
Añadió que es «inaceptable e irracional» que la norma establezca como causal para arrebatar la propiedad de una empresa el retraso en el pago de servicios, salarios y aportes a la seguridad social durante tres meses continuos.
«Es un despropósito tan grande, que muestra el desconocimiento absoluto y eventualmente la mala fe del redactor de la norma, ya que presupone que los retrasos en los pagos implican el abandono de la empresa, cuando este problema pueden deberse a múltiples factores con los que los empresarios lidiamos diariamente», argumentó Nostas.
Sobre la suspensión o disminución paulatina de las actividades productivas como causal para que el empresario pierda bienes y su patrimonio de organización, Nostas explicó que la misma puede deberse a situaciones que escapen al control de la propia empresa y en los que tiene nula intervención.
«Se pretende tergiversar de manera perversa el espíritu y propósito del artículo 54 de la Constitución Política, que en ningún momento pretende colocar al empresario en una situación de tal indefensión y riesgo de su propiedad como lo hace el proyecto de ley», agregó.
El representante de la CEPB cuestionó también otros defectos de la propuesta normativa, como la permanencia de las deudas más allá de la pérdida de la empresa o la discrecionalidad de los procesos.
«De concretarse este proyecto de ley, se estará lanzando una clara señal para no hacer empresa en el país e incluso se puede afectar al sector financiero, pues los bancos van a dudar en otorgar crédito a empresas por el riesgo que, ante situaciones adversas, no puedan ejecutar ninguna garantía real y, finalmente, ningún emprendedor actual pensará expandir el empleo», advirtió.
Nostas aseguró que los empresarios desconocían la existencia de ese proyecto y concluyó exigiendo que la Cámara de Senadores actúe con sensatez y evite aprobarla hasta que el sector exponga sus argumentos jurídicos y técnicos «a fin de que se impida ese atentado contra los derechos de quienes hacen empresa, crean fuentes de trabajo y generan desarrollo en el país».