LAURA VIDAURRE/ BOLINFO/ TARIJA
(elPeriódico, mayo 09/ 2017) Los comerciantes de ropa usada marcharon ayer por las principales calles y avenidas de la ciudad cuestionando los controles que intensificó la Aduana Regional de Tarija en las rutas interdepartamentales, dicha movilización llegó hasta las puertas de los depósitos de esta institución en el barrio Aeropuerto.
“El Gobierno tiene que entender que somos comerciantes minoristas, traemos mínimas cantidades -de ropa- todos los días, pero nos quitan lo poco que traemos para sustentar a nuestras familias”, sostuvo el presidente departamental del Comité de Comerciantes de Ropa Usada, Luis Alvares, tras denunciar que la Aduana está decomisando fardos en las rutas interdepartamentales y no así en los pasos de frontera.
La dirigencia de este sector dijo que el trabajo de la Aduana debe de estar en las fronteras y no así en el interior de los departamentos. Lamentó que pese a la paralización de la ley de regulación de ropa usada, aumentaron los comisos.
El dirigente, indicó que son 1.800 familias que se dedican a esta activad, a las que les están arrebatando el capital de 200 a 4.000 dólares americanos que invierten para comprar un fardo de ropa.
Sobre este tema, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Asamblea Plurinacional, Ignacio Soroco Grandchant, indicó que ante esta situación, el Gobierno ha promovido el proyecto de ley que asigna competencias a las alcaldías para regularizar la comercialización, no sólo en el tema de la ropa usada, sino, de otras mercancías de esta índole.
“Hubo una ley nacional que no está en pleno cumplimiento, donde se prohibía la importación específica de ropa usada”, apuntó.
Soruco dijo que la norma está siendo analizada por la citada comisión y los legisladores están escuchando a las dos partes, tanto a los comerciantes, como a los empresarios, de forma que puedan llegar a un consenso.
Tras conseguir los acuerdos, la comisión pretende que esta ley sea tratada en el corto plazo en la Cámara de Diputados.
El Gobierno envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que asigna a las alcaldías la responsabilidad de controlar, impedir y sancionar la comercialización de las mercancías usadas, como ser ropa, en sus respectivas jurisdicciones, con la finalidad de incentivar la producción nacional.
El proyecto de ley de asignación competencial para la comercialización de mercancías usadas fue enviado al Legislativo el 24 de abril para su tratamiento, pese a que los vendedores pidieron al Gobierno que frene el debate en el Parlamento.
Motivos del proyecto de Ley
El Órgano Ejecutivo justifica que «actualmente la administración tributaria, compuesta por la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se ven coartados para realizar un control efectivo en la comercialización en el mercado interno de mercancías usadas”.
Según señala el documento, las competencias de estas instituciones y el cuerpo operativo de las mismas limitan su actuar en zona primaria y la verificación de formalidades para la constitución de negocios.