GABRIELA FLORES/BOLINFO/TARIJA
(elPeriódico – abril 12/2017) La Ley de transferencias de recursos departamentales sigue dando de qué hablar, esta vez fue la Asamblea que se pronunció en conferencia de prensa, asegurando la vigencia de la citada norma, pese a la sentencia emitida por el Juzgado de Garantías que no da validez a la norma.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Williams Guerrero Quiroga, expresó que aún el Juzgado de Garantías no emitió ninguna notificación, estando vigente la citada ley.
“Toda norma se prevé constitucional mientras el Tribunal no declare su inconstitucionalidad, entonces, mientras eso no suceda, es constitucional, porque ha sido sancionada y promulgada”, explicó Guerrero.
Sobre la vulneración de derechos que refiere la sentencia, Guerrero respondió que en “ningún momento” ocurrió aquello. “Me sorprende lo que manifiesta el colega Lea Plaza de que se vulneran los derechos, las normas, que se atropella adentro de la Asamblea, me sorprende mucho”, ironizó.
Explicó que respecto al proyecto de esta ley, el informe por minoría no fue presentado a tiempo, por eso no tuvo validez.
“Esa propuesta no cumple los requisitos”. Recordó que según el reglamento de la Asamblea, los informes para tratarlos en el pleno deben ser entregados con 24 horas de anticipación como mínimo.
Por su parte, el asambleísta que presentó el amparo contra la Ley promulgada por la Asamblea, Mauricio Lea Plaza Peláez, respondió que el deber del presidente de esta institución “es de cumplir la decisión del juez”, lo que significa volver a tratar el proyecto.
“Tiene que retrotraer desde el tratamiento hasta la aprobación en grande, eso es lo que debe hacer, ése es el efecto que tiene de manera concreta, él no puede desobedecer el mandato de una autoridad judicial y al hacerlo, le significaría responsabilidades ilegales”.
Con esta sentencia, explicó Lea Plaza, la aprobación de la norma ha sido anulada, incluso la promulgación. “esta Ley nunca entró en vigencia”, dijo el asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UDA).
“La Ley nunca estuvo en vigencia porque no fue publicada en La Gaceta. El artículo 164 de la Constitución es muy claro, como no fue publicada por el gobernador, se sometió al amparo constitucional, pues esta ley en ningún momento nació a la vida jurídica”, detalló Lea Plaza.
A su vez, el opositor expresó que este proceso judicial da “una nueva oportunidad” para la creación de una ley que dé beneficios a todos y no así con un plan de “guerra” como venía planteando el partido oficialista, refirió.
Repercusiones
El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García Delfín, también cuestionó la actitud del presidente dela Asamblea, respecto a sus declaraciones sobre la Ley, negando la sentencia. “No tiene que esperar notificación alguna”, reclamó.
“El trámite de este proyecto de ley se retrotrae hasta el momento donde ha sido considerada en su decisión en grande, esto ha sido remitido por esta autoridad, no es sujeta a interpretación o a ningún tipo de apelación o impugnación”.
Explicó que la Asamblea no tiene que esperar ninguna notificación del juzgado, porque sus abogados han sido notificados en audiencia y de incumplir esta resolución, el presidente y demás integrantes de la Directiva, serían juzgados.
Contexto
La Ley del 8% pretende favorecer directamente a las alcaldías con la entrega de los recursos departamentales en ese porcentaje, sin tener que recurrir a la Gobernación.
Para la administración departamental, este accionar es una forma de condicionar y quitarle autoridad a la Gobernación, favoreciendo a los ejecutivos que responden al partido de Gobierno con la entrega directa de recursos económicos, lo que genere recortes en programas de salud y educación especialmente.
El proyecto fue aprobado y promulgado por la Asamblea, aunque no tomó en cuenta el informe de la minoría, situación que generó la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías, saliendo la sentencia favorable al asambleísta que presentó este recurso.
Con esta sentencia, la Asamblea debe retrotraer el tratamiento de la norma, aunque desde la Directiva, niegan este extremo.