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Las actuales autoridades chilenas recurrieron a una ley promulgada por el dictador Augusto Pinochet, hace 42 años, para hostigar a periodistas bolivianos y negarles el ejercicio de su profesión en ese país.
Según la ministra de Comunicación, Gisela López, en dos oportunidades periodistas bolivianos que ingresaron a Chile fueron objeto de “hostilidad, maltrato, interrogatorio, obstaculización y prohibición”.
El primer caso se registró la semana pasada, cuando un equipo de Bolivia TV, que viajaba a cubrir la situación de los nueve detenidos, fue retenido en el aeropuerto de Iquique. El camarógrafo Erick Condorena fue expulsado de ese país, mientras que la reportera Sandra Alcázar fue obligada a firmar un compromiso para no ejercer el periodismo en Chile.
Las autoridades chilenas hicieron firmar el mismo compromiso –según la Ministra- a un grupo de periodistas bolivianos que ayer martes fueron a Santiago, por invitación de una aerolínea, pero fueron retenidos por funcionarios de Migración hasta que suscribieran el documento.
El compromiso obligado a firmar a los bolivianos tiene como base legal el Decreto Ley 1904 de 1975, el cual fue suscrito y promulgado por el entonces dictador chileno, Augusto Pinochet, cuyo régimen es conocido a nivel mundial por las vulneraciones a los derechos humanos, secuestros, torturas y asesinatos.
En específico, el documento obligado a firmar a los periodistas hace referencia al parágrafo 1 del artículo 11 de dicha Ley, el cual señala que se prohíbe el ingreso a Chile a “los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado”.
“Nos hicieron comprometernos a no afectar seguridad exterior, ni interna, soberanía, ni orden público”, manifestó el periodista José Pomacusi, uno de los afectados, mediante su cuenta de Twitter.
“Nos parece indignante”, acotó la ministra López a tiempo de criticar que Chile utilice legislación del régimen de Pinochet para someter a los bolivianos a un “trato humillante”.
Anunció que junto a la Defensoría del Pueblo se hará una representación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar los malos tratos a los periodistas bolivianos.