Luis Fernando Calvo Moscoso, en representación de Petrobras Brasil, confían en que la justicia boliviana defenderá “el derecho de trabajar en Bolivia y no ser objeto de abusos”.
Omar Garzón C./Bolinfo/Tarija
(elPeriódico – Junio, 02/2021) Lo plantea Luis Fernando Calvo, abogado de Petrobras, quien en entrevista exclusiva con El Noticiero de Canal 15, señaló que existen funcionarios públicos involucrados en el fallo del Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, que conmina a la petrolera a pagar $us 61,5 millones por el uso de terrenos donde está emplazado el campo San Alberto.
En una entrevista vía WhatsApp, desde Santa Cruz, Calvo pidió al Ministerio Publico de Tarija investigar este caso de forma inmediata, ya que consideran que están siendo totalmente afectados, ya que puede generar un mal precedente para futuras inversiones en el país.
“En todos los departamentos, cuando se investigan delitos de corrupción, en los que pueden estar perjudicados el Estado de cualquier forma, existen comisiones especializadas de fiscales anticorrupción, como también juzgados anticorrupción, y resulta, que en este caso, están asignados simples y no hay una comisión anticorrupción, y queremos que el Fiscal del Distrito actúe conforme manda las directrices de la Fiscalía General, y que sea la fiscalía anticorrupción que realice la investigación, toda vez que hay que hay funcionarios públicos inmersos en la denuncia, como la jueza de Entre Ríos y todos los que han coadyuvado en la labor con esta autoridad hasta dictar una sentencia ilegal”, manifestó.
Calvo sostiene que este es un atributo propio de las autoridades tarijeñas, el de cumplir y defender los intereses de la región, donde solamente esta pidiendo que obren en cumplimiento de sus deberes.
APUNTE
“Esto acabará la industria hidrocarburifera del país”
El presidente de la Comisión de Energía e Hidrocarburos de la Asamblea Departamental, Luis Lema, considero que en caso de que prospere el fallo judicial que obliga a Petrobras a pagar $us 61,5 millones por los terrenos del campo San Alberto, esto sentaría un precedente para que proliferen las demandas de este tipo.
El asambleísta aseveró que, si esto pasa, podría “acabarse la industria hidrocarburífera, porque cualquier ciudadano reclamaría ser dueño de un terreno donde se halle un pozo petrolero y gasífero, con tal de recibir beneficios económicos”.