El Juzgado Primero Anticorrupción de El Alto dictó sentencia de dos años de cárcel para Sonia V. B. y el ciudadano chileno Lorenzo Andrés A. A., por el delito de atentado contra la salud pública, al ofrecer servicios sexuales incumpliendo la cuarentena. Ambos se acogieron al perdón judicial.
El Coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, Sergio Bustillos informó que ambas personas fueron encontradas en flagrancia. El pasado 2 de abril la imputada se encontraba en la habitación de un alojamiento ilegal de la zona 12 octubre de El Alto, ofreciendo sus servicios como trabajadora sexual, momento en el que fue aprehendida por efectivos policiales, indicó.
Además, la mujer simultáneamente vendía bebidas alcohólicas y no contaba con el respectivo carnet sanitario de trabajadora sexual.
Entre tanto el imputado de nacionalidad chilena fungía como administrador del alojamiento y conocía de la comisión de estos ilícitos. Este hombre no contaba con la documentación personal que acredite su permanencia en Bolivia.
En la audiencia de medidas cautelares, ambos solicitaron someterse a procedimiento abreviado, situación que fue aceptada por la autoridad jurisdiccional y el Ministerio Público.
“Tras la sentencia emitida por el juez de la causa, la trabajadora sexual se acogió al perdón judicial por ser la primera vez que cometió este delito, por lo que no cumplirá la pena privativa. En el caso del ciudadano chileno se resolvió la expulsión del país”, señaló.