Presidencia interina en Venezuela

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Gisela Derpic Salazar (*)
En mayo de 2018 se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Venezuela. Fueron adelantadas, convocadas en flagrante vulneración de la Constitución por una asamblea constituyente viciada de la misma manera, sin participación de la oposición que denunció la ilegalidad y el fraude electoral, con una abstención del 54% del electorado por el rechazo al régimen. Su resultado fue la “victoria” ilegítima de Maduro y su juramento el 10 de enero de 2019, no ante la Asamblea Nacional como debió ser según prescripción constitucional, sino ante un tembloroso miembro del Tribunal Supremo de Justicia, añadiendo vicios de fondo a los procedimientos aplicados a su cuestionada elección, corolario de un proceso político de más de dos décadas caracterizado por la recurrencia de elecciones como maquillaje formal de una neo dictadura que manipuló a su antojo la Constitución y las leyes en un contexto de abuso de poder, corrupción, depauperación de la economía, criminalidad e inseguridad.
Frente a esto Juan Guaidó, el joven Presidente de la Asamblea Nacional elegida constitucionalmente pero desplazada de facto por el gobierno mediante la ilegal elección de Asamblea Constituyente en 2017, se proclamó “presidente interino” para encargarse de la transición convocando de inmediato a elecciones en sujeción al orden jurídico.
Según refleja un artículo de prensa de Rodrigo Cruz publicado hoy 24 de enero en El Comercio de Lima, “la autoproclamación de Guaidó, diputado de 35 años, ha sido considerada como un punto de inflexión en los continuos enfrentamientos entre opositores y fieles al régimen chavista. Los primeros señalan que Guaidó es el legítimo presidente interino de su país ante la ausencia de un mandatario electo en elecciones justas y conforme a la Constitución. Los chavistas, en cambio, sostienen que lo hecho por el líder opositor es ilegal pues Maduro inició su segundo periodo de gobierno el pasado 10 de enero.”
El mismo texto incluye los argumentos a favor de la actuación de Guaidó de tres especialistas que coinciden en que el 9 de enero de 2019 acabó el mandato de Nicolás Maduro, operándose la falta total de presidente de la república prevista por el Art. 233 de la Constitución, ya que “el 10 de enero debió juramentar en Venezuela un presidente legítimamente electo; es decir, electo en elecciones auténticas, libres, universales y transparentes”, en palabras del abogado José Vicente Jaro.
Como afirma Fernando Mires en su artículo publicado en el blog Polis el 20 de enero pasado, Juan Guaidó hizo lo que tenía que hacer, defendiendo a la Asamblea Nacional que preside y, por tanto, a la institucionalidad de la república, en contra del régimen y de quienes apuestan por la salida violenta a la crisis política venezolana. Con el 80% de la ciudadanía de Venezuela descontenta con el régimen y con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, el presidente interino Guaidó tendrá que conducir a su país a la recuperación de la legalidad a través de elecciones libres.
El caso venezolano no es único ni aislado, se inscribe en el contexto de lo que el mismo Mires denomina “una crisis planetaria de las democracias” cuya característica principal es la emergencia de regímenes autoritarios de gobierno que llegan mediante elecciones al poder para desde allí encargarse de la liquidación de la democracia hasta convertirse en neo dictaduras. Esta realidad alerta sobre la necesidad de comprender que la democracia es mucho más que elecciones, es división e independencia efectiva de poderes, sistema electoral igualitario y libre, vigencia de los derechos humanos, prensa libre, sistema plural de partidos, respeto a las mayorías y protección a las minorías.
Lo sucedido en Venezuela en las últimas horas marca un solo camino ancho y el mismo punto de llegada divisado desde antiguo: la construcción de los consensos y la democracia como forma de gobierno y como cultura para la realización humana.
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(*) Abogada, docente de la carrera de Derecho de la UCB en Tarija, es miembro del Equipo Político de Carlos D. Mesa y de la Dirección Nacional de Comunidad Ciudadana.