Noticias El Periódico Tarija

Por Ramón Grimalt
El caso del niño Alexander no termina con Patricia Pacajes en una celda de la cárcel de mujeres de Obrajes; tampoco tras el informe de una comisión de fiscales que detectó quince presuntas irregularidades en el desarrollo de todo el proceso; menos en la mediática intervención de abogados de aquí, allá y acullá, convirtiéndose en defensores de la justicia en un país donde su observancia y ejercicio no es más que la respuesta de un sistema viciado y vicioso de intereses creados.
El caso Alexander, mire usted, se cerrará cuando se halle al o los culpables de la muerte de un menor aparentemente protegido por el Estado en uno de esos centros de acogida que antaño se llamaban orfanatos. Como periodista mi obligación es ser escéptico y dudar hasta del color de la camisa que visto y, por lo tanto, no creo que algún día sepamos con certeza y rigurosidad qué pasó con aquel inocente abandonado a su suerte por unos padres alcohólicos. Disculpe usted si sueno lapidario, pero vengo de la trinchera. Me he pasado más de veinte años buceando entre todo tipo de deposición humana (y no tanto) y ahora mismo tengo la sensación de que hay algo más del audio de la ex jueza Pacajes.
Pero claro, serán las investigaciones del Ministerio Público que deriven en una “pronta solución” del caso. El periodismo, naturalmente, reflejará el resultado de las mismas y habrá una serie de notas, reportajes, entrevistas y comentarios al respecto, sin que se haya llegado al problema de fondo que no es otro que el estado de indefensión en que nos encontramos usted y yo ante ciertos operadores de justicia que lo único que buscan es beneficiarse del poder. Porque de eso se trata, de poder, alcanzarlo, conquistarlo y ejercerlo a como dé lugar, aun sobre la voluntad e intereses de una sociedad que desconfía de quien, teóricamente, tiene la obligación de proteger sus intereses. No es extraño preguntarse, entonces, cuántos casos como el del doctor Jhiery Fernández se acumulan en los juzgados en forma de interminables y pesados expedientes que no adquieren la merecida difusión ni atención de la prensa y de estos, por Dios, cuántos se resuelven en un fallo devengando y diluido por la prisión preventiva en un país donde se presume la culpabilidad en vez de la inocencia.
Fernández tuvo la suerte (en medio de su terrible desgracia) de que un audio grabado fraudulentamente haya salido a la luz pública. La confesión de la doctora Pacajes no sólo la retrata como mala profesional sino que también pone de manifiesto la pobreza de espíritu de quienes se adueñan de la ley manipulándola a su antojo. Así, sin audios de por medio, ni evidencia alguna, hay cientos de bolivianos y bolivianas, por supuesto, que se aferran a la fe como única posibilidad de salvación y cuando esto es lo único que queda, más vale que Dios nos coja a todos confesados.