Lo que sucede con los micros en la ciudad de Tarija, merece urgentemente una solución de fondo, la juez que atendió la acción popular dio la tutela a la alcaldía haciendo prevalecer la tarifa de Bs. 1,50 por pasaje, era lo lógico y ya lo anticipamos. No podía fallar en otro sentido pues no es competencia de un juez determinar la tarifa del transporte público, sino más bien apegarse a la legalidad o hacer respetar la ley. En ese sentido, ese monto fue establecido a través de los conductos regulares basados en lo dispuesto por una norma vigente, ese es el camino, no hay más.
Pero en esta historia no se puede jugar a quién gana cada batalla, así no se administra la vida de la gente, de ninguna manera, el escenario en el que estamos debe más bien empujarnos a seguir buscando una solución consensuada. Si el municipio piensa que el transporte se quedará de brazos cruzados, se equivoca, el mensaje ya es claro, el paro continúa y las esposas del sector inician una masiva huelga de hambre, lo que debe más que preocupar al alcalde Rodrigo Paz. Hay un elemento humano muy fuerte en juego y Paz no puede esconder su sensibilidad ante el, eso debe presionarlo a encontrar salidas. Si el transporte cree que los ediles cederán en sus pretensiones supuestamente por un mejor servicio, también se equivocan, ambas posiciones extremas no son sostenibles, la población es la afectada directamente ya que no cuenta con un servicio muy necesario, por más cuestionado que sea.
Llegó el tiempo del sinceramiento, en el que ambos digan en qué están de acuerdo y en qué no lo están, de cara al pueblo, sin más rodeos, es momento que la gente sepa qué traba el acuerdo, porqué no se pueden entender, cada cual tiene su versión, cada vez menos creíble. Por eso, por respeto a ese pueblo, se le debe hablar claro, sin verdades a medias… a no ser que en realidad no se quiera solucionar nada y ahí la pregunta es por qué.
