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Estados Unidos fue este viernes 25 de agosto el epicentro de dos medidas-una del gobierno de Donald Trump y otra de la Justicia de Nueva York- que debilitan al régimen de Nicolás Maduro.

El gobierno norteamericano volvió a sancionar a Venezuela a través de una orden ejecutiva que, esta vez, prohíbe las «negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal (PDVSA)». La prohibición afecta a las negociaciones hechas en EEUU o por una «persona de Estados Unidos» que, como detalla el Departamento del Tesoro, incluye a los ciudadanos con esa nacionalidad, los residentes permanentes, entidades organizadas bajo la ley del país, cualquier jurisdicción en el país (incluidas filiales internacionales) o cualquier persona en Estados Unidos.

Así, estas sanciones afectan directamente al pago de la deuda externa venezolana. Es que en los próximos meses el gobierno de Nicolás Maduro deberá hacer otro pago y, generalmente, emite bonos para buscar financiamiento. Luego de la orden ejecutiva de Trump, le será muy complicado vender nuevos activos ya que la mayor parte del sistema financiero mundial para por los EEUU.

«Técnicamente puede tener problemas para pagar la deuda, lo que puede terminar en un default«, explicó el periodista venezolano Víctor Amaya a Infobae. Aún en plena crisis, el régimen siempre pagó los intereses de la deuda… ahora eso va a ser mucho más díficil.

«Nos afecta seria y directamente, porque hay varios bonos de la República, como bonos de PDVSA, que están en posesión de personas naturales y jurídicas en Estados Unidos. Venezuela tiene compromisos que debe honrar«, afirmó en la misma línea el analista económico venezolano Rafael Quiroz en diálogo con AFP. Y agregó: «Vamos a disponer de menos divisas para importar alimentos y medicinas, que ya estamos necesitando».

El default está a la vuelta de la esquina. Ya en julio, la agencia de calificación financiera SP Global Ratings advirtió sobre el riesgo de impagos debido al deterioro de las condiciones económicas y el aumento de las tensiones políticas en Venezuela.

Es más, antes de noviembre, Venezuela y PDVSA deberán pagar unos 3.800 millones de dólares en vencimientos de bonos.

Para el economista Francisco Faraco, las sanciones aumentarán el riesgo país de Venezuela y, a su entender, la decisión de la Justicia de EEUU de embargar 1.200 millones de dólares de una cuenta de PDVSA en el banco de Nueva York Mellon por la expropiación de propiedades de la minera Crystallex en 2008, también suma su granito de arena para llevar al país al default.

En diálogo con Infobae, Faraco aseguró que ese dinero sí se iba a usar para pagar los intereses de la deuda:»Estas son las consecuencias de los desaguisados de Hugo Chávez, que se creyó el rey del mambo«.

Si el régimen no puede financiarse con nuevas emisiones entonces tendrá que recurrir a sus propios recursos o a las reservas, lo que agravaría aún más las dificultades que atraviesan los venezolanos. «Cada dólar que se ocupe para pagar la deuda no se ocupa para los problemas internos«, dice resignado Amaya.

Los especialistas consultados coinciden en que, tanto el esfuerzo para pagar la deuda como el propio default, producirán mayor desabastecimiento, uno de los principales problemas de los venezolanos. Hoy, el régimen quedó en una posición muy incómoda: evita el default o importa alimentos y medicinas.