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El Colegio Médico de Bolivia ratificó su exigencia de derogatoria de dos decretos supremos y la Ley 922 de Libre Afiliación a las cajas de salud, como primera condición para asistir este lunes a la reunión con el Ministerio de Salud. Entre tanto la titular de ese despacho, Ariana Campero, reiteró este domingo su invitación para retomar el diálogo sobre la reglamentación y una Ley Marco de Salud.
Ambos sectores en conflicto no pudieron reunirse el anterior viernes porque el Colegio Médico decidió endurecer su pedido de abrogar la Ley 922 y el decreto 3091 de creación la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, en reemplazo del Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases).
El presidente de los médicos, Aníbal Cruz, explicó que la decisión de ir a un paro de 72 horas no es solamente de los dirigentes, sino de un comité nacional de salud, compuesto por varias entidades y sindicatos vinculados al área de salud pública.
Sin embargo la ministra de Salud considera que la dirigencia actúa sobre un falso proyecto de reglamento en relación a las facultades de la Autoridad de Fiscalización. Dijo que en días pasados ha estado circulando en las redes sociales, un proyecto de reglamento siendo que “no hay ningún reglamento aprobado” por el Ministerio.
Expresó la apertura a elaborar un reglamento desde cero, sin necesidad de generar confusión, miedo ni zozobra en los médicos de base. También dijo que se ha invitado a elaborar una Ley Marco de Salud y espera que el Colegio Médico no se excluya de ese trabajo.
Campero entiende que el Colegio Departamental de La Paz puede asumir una posición política por la condición de exmilitante del MNR de su presidente, Luis Larrea, pero considera que este dirigente puede reflexionar sobre los principios que hacen a un profesional médico.
Indicó que si los dirigentes no asisten, volverá a invitarles para el martes y miércoles, porque el argumento del Colegio Médico de que debe concurrir a una audiencia judicial, no es coherente porque la entidad tiene varios dirigentes e incluso un representante legal.
Sostuvo que un paro en el área en salud de 72 horas es injusto porque la atención de salud es un derecho de la población consagrado en la Constitución Política del Estado, a diferencia de las observaciones legales a los decretos que lo puede definir el Tribunal Constitucional.