ERBOL
Dirigentes de la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería a Medio Uso, advirtieron que la aprobación de la Ley de Asignación Competencial que ordena a las alcaldías a decomisar la mercadería usada, “relocalizará” al menos unas 300 mil personas que tienen a esa actividad su principal fuente de empleo.
El dirigente Víctor Quispe dijo que por ese motivo rechazan el proyecto de ley anunciado por el vicepresidente Álvaro García Linera como parte de una política de impulsar la producción en las micro y pequeñas empresas en el área textil, además de comprometer una frontal lucha al contrabando de ropa usada.
Quispe sostuvo que la posición del sector es la suspensión del proyecto, mientras no exista un diálogo con los comerciantes de ropa usada y el gobierno para definir alternativas que se ofrecen a una gran cantidad de personas que dependen de la comercialización de ropa usa en todo el país.
El pasado viernes miles de comerciantes marcharon en distintas ciudades capitales, atendiendo la convocatoria de un ampliado de la Comisión de Defensa de la Ropa que cerró filas en torno al rechazo definitivo a esa ley que, por otra parte, es respaldada por la Confederación de Microempresarios que forman parte del gobierno.
La presidenta de la Comisión, Elizabeth Verástegui, informó que el ministro de Desarrollo Productivo Eugenio Rojas, los citó a una reunión el día lunes a las 10:00 de la mañana, motivo por el cual dispusieron un cuarto intermedio en la marcha nacional prevista para ese día, pero las movilizaciones dependen de la respuesta que vayan a recibir.
Rojas por su lado destacó la coincidencia con el sector de luchar contra el contrabando, pero lo que se debe aún trabajar es la idea de industrializar la ropa usada que requiere de varios años. Por ahora el gobierno, está en su proyecto de inaugurar próximamente una industria de hilo y tela con fibra de llama alpaca, indicó.
Durante la marcha del viernes los comerciantes anunciaron una radical posición de rechazo a lo que llamaron “una ley maldita” en referencia a las leyes “neoliberales” emitidas por Gonzalo Sánchez de Lozada, mientras desde Santa Cruz advirtieron con un bloqueo nacional de caminos si el gobierno continúa en su intención de aprobar esa ley.