ERBOL
Las organizaciones sociales e indígenas y las operadoras políticas del oficialismo cierran filas en defensa del artículo 157 del proyecto de Ley de Sistemas Penales, que plantea despenalizar el aborto a las ocho semanas de embarazos por casos de pobreza, tener más de tres hijos o aducir la condición de estudiante sin recursos para la manutención del futuro hijo.
La Confederación de Mujeres Interculturales de Bolivia, envió este martes una carta al presidente Evo Morales, en la que se atribuye co-autoría del proyecto de ley, y señala que una de las razones para despenalizar es la pobreza y la falta de recursos que en viven y porque ya no quieren contar con una familia numerosa y en muchos casos por problemas de salud, desnutrición y otras complicaciones.
La presidenta intercultural, Ama Coaquira junto a sus dirigentes, asegura que las mujeres siguen siendo obligadas a tener relaciones sexuales sin preservativos ni anticonceptivos, por lo que abogan por el derecho decidir sobre sus propias vidas.
Por su lado la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Bartolinas Sisa, Juanita Ancieta, anunció que convocarán a talleres informativos para socializar el proyecto de Ley del Sistema Penal, que no solamente se trata del tema del aborto, sino de otros alcances en la administración de justicia.
Dijo que quienes se opongan al proyecto hagan conocer una propuesta alterna para trabajar entre todos una propuesta consensuada, aunque consideró como un tema delicado, por lo que sugirió a la Asamblea Legislativa dar más tiempo para socializar.
La presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, sostuvo en una entrevista con Unitel, que la prepuesta referida al aborto se trata de justicia, salud y equidad social, porque en Bolivia no pueden haber las mujeres que se diferencian entre las que tienen plata para interrumpir el embarazo y las que no tienen “que se mueran”.
“Eso no lo podemos seguir sosteniendo en una sociedad moderna y que pretende equiparar los derechos de todos y todas”, manifestó al remarcar que en Bolivia al año mueren 500 mujeres por hacerse el aborto clandestino.
La ministra de Salud, Ariana Campero, pidió respetar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y evitar muertes por intervenciones mal practicadas y recordó que el 13% de los casos de mortalidad materna se debe a los abortos, que ahora se realizan en Bolivia al margen de la ley.
Indicó que en la mayoría de estos casos, las afectadas son jóvenes de bajos recursos víctimas de violencia sexual que recurren a consultorios clandestinos. “No puede morirse ninguna mujer, tenemos que ser bastante más pragmáticos y objetivos, declaró la ministra Campero.