REDACCIÓN DIGITAL/EL PERIÓDICO
El ex Gobernador de Tarija, Mario Cossio Cortez, en conferencia de prensa vía Skype habló este miércoles acerca de la aceptación de su demanda contra el Estado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cossio dijo que quiere convocar a los jueces y fiscales de Bolivia a que terminen con la persecución política y la violación sistemática a los derechos de la gente que se ejecuta usando la justicia.
“Es importante advertir que de continuar con un uso abusivo de las leyes va a generar que los autores terminen acusados en los tribunales internacionales. No van a poder permanecer eternamente impunes”, aseguró.
Más adelante agregó que la decisión de la CIDH es fundamental pero no es el último paso a seguir.
“Este paso que ha dado la Comisión Interamericana, es un paso fundamental, no es el último, para nada, pero es un paso muy importante encaminado seguramente a un pronunciamiento de fondo que se va generar en los próximos meses y que ojalá esté dirigido a reparar los daños y el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos”, dijo.
Cossío demandó a Bolivia al considerar que se vulneraron sus derechos políticos con la suspensión de su cargo de gobernador el 16 de diciembre de 2010 que motivaron su exilió a Asunción.
El ex Gobernador recordó que la suspensión se su cargo se dio en el marco de una estrategia del Gobierno de “eliminación de los líderes opositores, pues se lo hizo sin que exista sentencia penal que lo inhabilite a ejercer el mandato otorgado por el voto popular”
En la denuncia, Cossío alude a más de una docena de violaciones a sus derechos humanos como el derecho a la Participación Política, derecho al asilo, a las garantías judiciales, a la garantía de retroactividad, igualdad ante la ley, derecho a la protección judicial y derecho a las garantías Judiciales y entre ellas la mayor violación, faltar a su obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos por la convención americana.
“Esta noticia abre un camino de esperanza de encontrar justicia en los tribunales Internacionales”, aseguró.
El Gobierno boliviano tiene ahora el plazo de 90 días para presentar toda la documentación sobre el caso a esta instancia internacional para que evalúe y dictamine posteriormente una resolución.