(elPeriódico-noviembre 24/2016) La Justicia sentenció ayer al ex gobernador Marío Cossío a dos años y medios de prisión por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución respecto a las irregularidades halladas en el proceso de construcción del camino Tojo- La Verdiguera. La sentencia no fue bien encajada por los allegados de Cossío, como el asambleísta departamental por Unidad Departamental Autonomista (UD-A) Luis Pedraza, quien responsabilizó directamente de la condena al gobernador Adrián Oliva.
“Se decretó la sentencia condenatoria a 2 años y medio de presidio por el camino Tojo- La Verdiguera. Este juicio ha sido llevado en la más absoluta irregularidad sin presencia del acusado y sin derecho a la defensa prácticamente. Es elemental, el principio de derecho a la defensa es un principio constitucional que fue totalmente vulnerado, tanto que
sobre el caso y le pusieron un abogado de la defensa pública solo para que presencie la defensa”, manifestó a elPeriódico Luis Pedraza.
En este sentido, Pedraza consideró que la sentencia tiene su origen en la sentencia de absolución del ex gobernador por el caso Imbolsur han buscado reparar esa situación con este proceso con el objetivo de inhabilitar políticamente a Marío Cossío.
Según Pedraza, el ex gobernador y ex prefecto no tiene responsabilidad en el caso del proyecto Tojo- La Verdiguera pues tuvo que ver con gestiones anteriores a las de Mario Cossío. “Fue el prefecto Jaime Amézaga el que firmó este contrato, luego vino la gestión del prefecto Adel Cortez, y después la gestión de Mario Cossío. Cossío no tuvo nada que ver, no firmó un contrato. Fueron imputadas 21 personas. Liberaron a los 20 restantes y solo dejaron a Marío Cossío para juzgarlo en su ausencia, violando el derecho a la legitima defensa”, subrayó el legislador departamental y amigo de Cossío.
Sin embargo, el asambleísta fue más allá y responsabilizó directamente al gobernador Adrián Oliva de ser el responsable de la condena para que Mario Cossío pierda sus derechos políticos.
“El mayor responsable de esta condena se llama Adrián Oliva Alcázar porque de su condición de víctima la actual Gobernación podía haber retirado la acusación que era lo que correspondía si ya había alguien responsable del hecho y estaba sentenciado no había por qué involucrar a Mario Cossío pero el interés político de sacarlo del medio, que también está buscando Adrián Oliva, la Gobernación impidió que no se retire la acusación y más bien aliente el proceso en condición de víctima”, espetó Pedraza.
Tribunal I de Sentencia de Tarija ha determinado condenar por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica culposa y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes con una con dos años y medio de prisión en la cárcel de Morros Blancos además de la inhabilitación política del ex gobernador por cinco años.
En relación al caso, fuentes allegadas al ex prefecto indicaron que a su juicio hubo irregularidades y errores procedimentales como que Cossío fue declarado rebelde cuando en realidad es de conocimiento público que su domicilio está en Asunción, capital de Paraguay, en calidad de refugiado político.
Además, aseguran estas mismas fuentes, que en este caso el Estado ha ejercido de acusador y de defensor de Cossío ya que es el propio Estado el que le coloca la defensa que trabaja en el Ministerio Público y que no tuvo tiempo de conocer el caso.
Asimismo, apuntan la defensa del ex gobernador llegó tarde a la audiencia del juicio y en lugar de suspender la audiencia siguió adelante por lo que no pudo presentar el incidente de prescripción con el que supuestamente Marío Cossío quedaba excluido de responsabilidad.
Por otro lado, fue acusado, y ahora sentenciado, por no haber hecho seguimiento al proceso de contratación y a la ejecución de la obra del camino de Tojo- La Verdiguera, cuando según señalan en materia penal las responsabilidades no se le pueden atribuir a la Máxima Autoridad Ejecutiva de toda la administración porque los delitos son ejecutados y cometidos por las personas individuales en la actuación administrativa que han asumido.
Tras la sentencia, la vuelta del ex gobernador a la arena política del departamento y del país, que habían dado a entender desde su entorno, sobre todo debido a la absolución en el caso Imbolsur, todavía tendrá que esperar.
elPeriódico trató de contactar con el asesor general de la Gobernación José Luis Gandarillas y el secretario de Coordinación de la Gobernación para obtener su versión sobre las acusaciones del asambleísta Luis Pedraza, sin embargo, ninguna de las dos autoridades contestaron a los requerimientos de este medio de comunicación. (eP)