Víctor Burguete
@Vburguete
En ocasiones anteriores ya hemos hablado de las normas ortográficas sobre el uso de las mayúsculas y de las minúsculas, sin embargo, me gustaría detenerme esta vez en el uso de las mayúsculas en los cargos.
En los medios de comunicación de Bolivia y en muchos otros de lengua española, existe la tradición de ponerle mayúsculas a los cargos como presidente, ministro, director, secretario general, fiscal general y términos similares, sin embargo, este uso es incorrecto y deben ser utilizados con minúscula inicial por tratarse de sustantivos comunes, tal y como recuerda la Fundación de Español Urgente (Fundeu).
Es habitual que los medios de comunicación escriban el nombre de los cargos (como gobernante, jefe de Estado, etc.) con mayúscula inicial: “La ONU elige al portugués António Guterres como su nuevo Secretario General”, “El Presidente se volvió a reunir con los representantes de los sindicatos”, “Recuperado de su enfermedad, el Ministro de Planificación reapareció públicamente», “Los dos candidatos podrían ser el próximo Jefe de Estado, según las encuestas” o “El Fiscal General del Estado considera que existe retardación en la justicia”.
Seguramente esta situación se deba a que anteriormente el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española (RAE) indicaba que se podía usar mayúscula inicial cuando se hacía referencia a una persona concreta que ejerce un cargo de este tipo, sin mención de su nombre propio. Sin embargo, en la nueva edición de la Ortografía de la lengua española la institución recomienda el uso de minúsculas en toda circunstancia, se trate o no de este tipo de alusión.
De este modo, en los ejemplos citados habría sido preferible escribir: “La ONU elige al portugués António Guterres como su nuevo secretario general”, “El presidente se volvió a reunir con los representantes de los sindicatos”, “Recuperado de su enfermedad, el ministro de Planificación reapareció públicamente”, “Los dos candidatos podrían ser el próximo jefe de Estado, según las encuestas” y “el fiscal general del Estado considera que existe retardación en la justicia”.