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AGENCIAS

El opositor y empresario boliviano Samuel Doria Medina visitará mañana la sede de la OEA para denunciar la «violación» de sus derechos y «persecución» a propósito de un juicio que le inició la Fiscalía por supuestos delitos cometidos hace 25 años, cuando era ministro de Planeamiento y Coordinación.

Doria Medina dijo ayer a los medios que se reunirá con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Observatorio de Derechos Humanos del organismo internacional.

«Voy a la OEA para hacer una denuncia respecto a la violación de mis derechos humanos. Estoy siendo perseguido por mis ideas, estoy siendo perseguido porque soy de una línea diferente a la del Gobierno», agregó el también excandidato presidencial boliviano.

Doria Medina tiene previsto partir hacia Washington en la madrugada del lunes y celebrar sus reuniones ese día y el martes

Explicó que es objeto de persecución porque la Fiscalía lo acusa de delitos en un caso del período 1991-1992 cuando fue ministro de Planeamiento, y ha pedido que sea detenido el próximo jueves cuando se presente a declarar en el Tribunal Supremo de Justicia.

La Fiscalía acusa a Doria Medina y otros nueve exfuncionarios de la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Las acusaciones tienen que ver con la autorización para la creación de la entidad Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), que transfirió 21 millones de dólares a la privada Fundapro, entidad sin fines de lucro de apoyo al microcrédito.

Doria Medina ha explicado que la financiación a Fundapro fue aprobada porque era uno de los requisitos de Estados Unidos para condonar a Bolivia una suma total de 361 millones de dólares.

Fundapro comunicó estos días que ha terminado de pagar la deuda contraída con el Estado boliviano más los respectivos intereses.

El encargado de Negocios de Estados Unidos, Peter Brennan, firmó en mayo pasado una carta que respalda la versión de Doria Medina.

El dirigente opositor, líder de la minoritaria Unidad Nacional en el Congreso, dijo hoy que retornará al país el martes por la noche para asistir el jueves a la audiencia prevista en el Tribunal Supremo, en la ciudad de Sucre (sur), sede del poder Judicial.

«Yo no he cometido ningún delito (…) no pienso asilarme, no pienso irme, me quedo en Bolivia, voy a seguir trabajando y seguir generando empleo en el país. Este Gobierno es pasajero y la población se ha dado cuenta de que está terriblemente involucrado en la corrupción», sostuvo el dirigente político.

El procurador general del Estado, Héctor Arce, insistió hoy que Doria Medina sí tiene responsabilidad en el caso porque en 1992 el dinero condonado fue transferido a un «grupo de amigos», en alusión a los empresarios de Fundapro, y en contra de la normativa legal.

Arce dijo que la decisión del traspaso de los fondos al sector privado fue «ilegal» y que la forma de hacerlo fue «irregular».

El alto funcionario negó que el juicio iniciado por la Fiscalía se trate de un acto de «persecución política» para perjudicar a Doria Medina en una futura candidatura ya que, según comentó, el opositor tiene un respaldo bajo en las encuestas políticas.