(ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó el martes ante el pleno de la Cámara de Senadores, que las modificaciones a la Ley de Seguridad Ciudadana apuntan a facilitar la ejecución de los recursos económicos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
«Estas modificaciones a la Ley de Seguridad Ciudadana son modificaciones preferentemente de carácter administrativo, dirigidas a facilitar sobre todo la ejecución de recursos económicos por concepto de IDH asignados a seguridad ciudadana», explicó a los senadores de oficialismo y oposición.
Romero manifestó que desde su despacho se advirtió que existen «dificultades en la ejecución de recursos económicos»; sin embargo, aclaró que eso no significa que la Ley de Seguridad Ciudadana a partir de las modificaciones esté dirigida a asignar nuevas responsabilidades y cargas económicas a las entidades subnacionales.
«Este preconcepto lo quiero despejar absolutamente, porque esto nada tiene que ver con la variación de los precios de las materias primas, con la disminución de los recursos del IDH, no tienen nada que ver», señaló.
Dijo que las tareas de seguridad ciudadana desde hace tiempo dejaron de ser una competencia sólo nacional.
«La seguridad ciudadana desplaza la tesis de la seguridad nacional, que por definición era anticomunista, la seguridad ciudadana se orienta a la protección de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos, de la población, desde ese punto de vista la seguridad ciudadana es un concepto muy íntimamente ligado a los derechos ciudadanos», complementó.
Por su parte, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), René Joaquino, explicó que en la Ley de Seguridad Ciudadana «no se está modificando el artículo 38, que señala que se tiene que asignar el 10% de los recursos del IDH a las gobernaciones y municipios, ese porcentaje no se está modificando».
Aclaró que con los cambios de la norma se está generando criterio de asignación de recursos para aspectos operativos.
Agregó que en gestiones anteriores, los recursos destinados a seguridad ciudadana fueron utilizados para comprar indumentaria, vehículos o infraestructura, pero varios de los equipos están fuera de funcionamiento, porque los recursos no pueden ser invertidos en gastos de operación o de mantenimiento.