DANIEL RODRÍGUEZ/REDACCIÓN DIGITAL/BOLINFO
(elPeriódico – jul 21/2016) En una nueva conferencia de prensa realizada en la mañana del jueves 21 de julio, el secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, presentó otra denuncia dentro del Programa Solidario Comunal (Prosol), en la que involucran a la asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS), Guadalupe Jurado. Mientras que el ejecutivo de la Federación de Campesinos, Santos Valdez, calificó de actos de «cobardía» por parte de las autoridades departamentales.
El dirigente campesino salio ante los medios de comunicación para dar la cara y asegurar que hay corrupción en la Gobernación por no pagar a las 17 comunidades que faltan de la gestión 2016.
«La malversación de recursos es de la Gobernación por no transferir los recursos -indicó Valdez-. Es una reacción cobarde para paralizar el Prosol. De todas maneras, hay unidad en el sector. La Gobernación tiene una estrategia para desprestigiar el programa y la Federación de Campesinos».
Sobre las denuncias en su contra, Valdez dijo que la Gobernación debe demostrar la corrupción que acusan ya que su persona presentó la iniciativa en carpeta y según el reglamento se puede comprar este tipo de proyectos. Aclaró que el microbus cumple una función en servicio a la comunidad y se cobra pasajes para hacer mantenimiento del vehículo.
Por su parte, García explicó que el nuevo caso es en la comunidad de Guerrahuayco en la gestión 2014 con la iniciativa denominada mecanización del agro, en la que tiene que ver una contratación que supera los dos millones de bolivianos.
«En una imputación formal se conoce que esa iniciativa productiva una ciudadana de nombre Zulemita Toconás Caihuara recibió 150 mil bolivianos como técnico encargada con gran poder de decisión para probar las iniciativas, y se divide el dinero en tres partes: 50 mil para el Director del Prosol en la gestión de Lino Condori, 50 mil a la asambleísta del MAS Guadalupe Jurado, y 50 mil fueron cobrados como comisión de la tesorera de la comunidad, Miriam Jurado, por lo que se averiguará si es pariente de la asambleísta», indicó García.
Según la explicación de García, algunos dirigentes enviaron a Lino Condori y a la Dirección del Prosol un documento que respalda a la señora Zulemita Toconás Caihuara para mantenerla en el cargo, por lo que el ex gobernador en vez de instruir la investigación para develar la red que se tejía las adjudicaciones, no tomó acciones.
«Hoy el caso se encuentra en imputación formal y la Gobernación pedirá la aplicación de medidas cautelares y la ampliación de la denuncia contra de Guadalupe Jurado y Miriam Jurado, también al ex director del Prosol porque aprueba las iniciativas productivas. También se convocará la participación de Lino Condori. Estamos ante el presunto delito de incumplimiento de deberes«, afirmó García.
Recordó que el Prosol ya tiene 170 denuncias y en la presente gestión se clasifica según las unidades ejecutoras. Señaló que hay tres procesos que están en revisión con el fiscal jerárquico, cinco con imputación formal y a la espera de la audiencia de medidas cautelares. Por lo que continuarán con la tarea de revisión de cada una de las carpetas de Prosol. (eP)