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Víctimas de violencia desisten de denuncia por la “dependencia”






6 octubre, 2018

SAÚL CARDOZO/ BOLINFO/ TARIJA
(elPeriodico- octubre 06/ 2018) Al menos 8 de cada 10 mujeres que presentaron una denuncia en Tarija por agresión de sus parejas en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y el Ministerio Público desisten de continuar con el proceso por dos factores: la dependencia económica y la psicológica.
Una mujer pone una denuncia ante la policía contra su marido por malos tratos. Al día siguiente, tiene que declarar ante el juez de instrucción. En ese momento,  pueden ocurrir diferentes situaciones.
Una de las situaciones es que la mujer diga que quiere retirar los cargos contra el presunto agresor, siendo lo que ocurre en un gran porcentaje de los casos.
Las razones pueden ser diversas: miedo, haber perdonado al agresor, desear reanudar la relación con él, entre las principales, mencionó la directora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), mayor Marcela Vargas Gonzáles.
“El hecho de trabajar con violencia familiar, significa entender todos los procesos por los que pasa la víctima, en eso,  vemos conductas agresivas instaladas en el hogar desde el inicio de la relación”, explicó.
Refirió que  si la pareja es agresora,  existe la suerte de indefensión  y ese vínculo es difícil de romper, puesto que las mujeres se animan a realizar la denuncia, pero luego desisten, porque puede faltar el acompañamiento.
Los desistimientos también se dan por la subordinación, porque no  debe olvidarse que el problema de género es  la cultura “machista”, quitando la capacidad de autodefensa a las mujeres víctimas, agravando su situación cuando denuncian, pues el esposo les puede quitar a sus hijos, al existir amenazas de esos rangos.
“Todos los funcionarios que trabajamos en la temática de violencia, tenemos que comprender los procesos y apoyar a la víctima para evitar que abandone o desista,  porque una vez que retorna al hogar, posiblemente por la misma convivencia que tiene con el agresor más la dependencia emocional o económica,  hace que se desista, no viendo un horizonte que le determine una salida al conflicto”, añadió.
Mientras tanto,  jueces del área penal, mencionaron que el 80 por ciento de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar desisten de las demandas  contra su agresor, generalmente esposo, conviviente, hermano, padre o padrastro, lo que no incide en la continuación del proceso.
Los factores para retirar las denuncias, según la fiscal departamental Maggi Corrillo Romero, son: la dependencia económica que tiene la mujer, la influencia psicológica que ejerce del agresor contra su pareja y la búsqueda de una “integración familiar”.
Mencionó que en ocasiones,  los investigadores son agredidos verbalmente por las víctimas para evitar la continuidad de  la investigación. “Les riñen a los investigadores que reciben agresiones verbales”, dijo.
Dijo  que por ley,  el Ministerio Público recibe un memorial de desistimiento.
La Ley 348 dispone desistir de una causa por una primera vez, siempre y cuando la víctima lo proponga; sin embargo, se hace una valoración responsable para ver que el mismo no se haga por amenaza o por amedrentamiento,  en función a ello se acepta o se rechaza el memorial.
“Lo peor es que pasa un tiempo y cuando el hombre es agresor, vuelve a incurrir  en el mismo delito, agrediendo no solo a la pareja, sino también a los hijos”.
Otra vez es reabierto el caso, siguen con las denuncias y es una “carga más” para el Ministerio Público, porque por una sola familia son abiertos entre 5 a 6 procesos.
Una especialista en psicología María Eugenia Auza, explicó que la decisión de una mujer de desistir de la demanda contra su conviviente por violencia intrafamiliar, con frecuencia se relaciona con que se percibe ese abuso como natural.
“Una persona que vive en un círculo de violencia ve como algo natural las agresiones efectuadas en su contra, eso sumado al carácter del agresor, causa situaciones de dependencia, temor y culpa por haber entablado una demanda penal”, aseveró.
La directora del Servicio Legal Integral de la Mujer (SLIM) de la Alcaldía de Tarija, Karina Flores, explicó que al mes, la entidad atiende más de 100 denuncias de violencia intrafamiliar y de la mayoría que desisten, deben  hacer un trabajo diferenciado.
“El SLIM tiene un programa importante que es el de recuperación de las familias, el fortalecimiento del núcleo familiar y ahí les orientamos para que no exista violencia y así no se llegue a una denuncia”, apuntó.
Con la dotación de vehículos que tuvieron en el último semestre, realizan visitas de oficio. También trabajan a través del SLIM móvil, para trasladarse hasta comunidades campesinas,  realizando talleres de formación.
Flores dijo que  apoyan a la familia de la víctima a través del programa de fortalecimiento y también coadyuvan en los procesos penales.
El SLIM es la única institución que cuenta con cinco equipos multidisciplinarios conformados con relación a otras entidades, que también deberían contar con estos grupos de trabajo,  como el caso de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).
Aunque la funcionaria reveló que  no cuentan con el presupuesto suficiente para hacerlo y no pueden brindar una atención oportuna.
La responsable del SLIM en Tarija resaltó que existen leyes, derechos y garantías para evitar la violencia de género, pero en la práctica, no se está efectivizando, porque se requiere un mayor apoyo de las instituciones nacionales como el Ministerio de Justicia, “para que se tenga un real acceso a la justicia, en relación a la violencia de género”. (eP).

EL APUNTE
Colapsa el único juzgado de violencia

En los primeros ocho meses del año, se registraron más de 1.521 denuncias de violencia de género en contra de las mujeres y como hay un solo juzgado del área, la carga procesal es alta.
De acuerdo al reporte de la Unidad del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), 730 denuncias se presentaron en esa instancia, incluyendo las oficinas instaladas en las estaciones policiales integrales  y 791 casos fueron remitidos desde el Ministerio Público con requerimiento fiscal.
La jefa del SLIM en Tarija, Karina Flores,  indicó que en el primer semestre hicieron 590 desocupaciones de agresores y visitas domiciliarias, para hacer el seguimiento de las medidas de protección.
Aclaró que los equipos de trabajo, no solo realizan la promoción de la denuncia, sino también un seguimiento continuo para las medidas de seguridad, como el fortalecimiento.

NOTA DE APOYO
Felcv reporta 2.000 casos de violencia hasta la fecha

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en Tarija recibió 2.000 casos de agresiones de todo tipo en esta gestión 2018, desde las psicológicas, físicas contra mujeres y menores de edad. De esta cantidad, un 15 por ciento está relacionado con violencia sexual.
La directora de la Felcv, mayor Marcela Vargas, apuntó que las cifras podrían parecer bajas, pero en un taller vinculante contra diferentes tipos de violencia en la que participaron  instituciones ligadas al área en Cochabamba, efectuaron un mapeo de los delitos como del número en el departamento de Tarija es elevado, sobre todo, tomando en cuenta la cantidad poblacional.
De la totalidad de casos atendidos, el mayor número corresponde a violencia intrafamiliar y más o menos un 15 por ciento está relacionado con agresiones sexuales.
La violencia sexual no solo comprende violaciones, sino también abuso y acoso sexual a niños, niñas y adolescentes. Además, hubo seis feminicidios.
Mencionó que en promedio, reciben hasta 21 denuncias diarias de violencia, la mayoría referidas a rencillas familiares.
Recordó que  tuvieron en dos semanas 29 denuncias en un solo día y la menor cantidad que a veces se reporta es entre 5 o 6.
Añadió que debe tomarse en cuenta que generalmente  no se declaran de manera directa. Otra importante cantidad de casos son remitidos del Ministerio Público.
Indicó que realizan un trabajo de prevención en las unidades educativas para empoderar a los menores de edad con un “trabajo hormiga”, de forma que conozcan  las normativas vigentes,   porque “lleva tiempo”, además de  las intervenciones en los colegios.
“Son datos que nos alarman,  porque es un departamento pequeño, con una población no tan grande como la de otros”, acotó.

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