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MIL PALABRAS Estado de indefensión





2 octubre, 2018

Por Ramón Grimalt
El escándalo a partir del audio de la jueza Patricia Pacajes en el que reconoce haber fallado adrede contra el doctor Jhiery Fernández condenado a veinte años de cárcel por abusar sexualmente del niño Alexander, nos muestra a usted y a mí, naturalmente, que en Bolivia se violan los derechos humanos, así de claro. Poco ha avanzado nuestra democracia si algunos administradores de justicia se dejan llevar por la presión social y política en la búsqueda de culpables vistos para sentencia.
No existe ningún sistema legal en este mundo que presuma la culpabilidad en vez de la inocencia; por supuesto, la excepción a la regla es nuestro país y aquí somos campeones de la improvisación, la chapuza y el “metele nomás”. Es evidente que en su momento se necesitaba un culpable y se agarró al doctor Fernández sin pruebas concluyentes y análisis, desmontándose una inaceptable tramoya que, para colmo de males, alcanza a jueces y fiscales en igual medida.
Sí, la doctora Pacajes, como presidenta del tribunal, dictó sentencia pero a su alrededor existía una compleja telaraña de dudosas complicidades; incluso han salido a la luz relaciones personales que enturbian aún más el panorama. Si usted me pregunta-alguno ya lo hizo en el mercado entre papa holandesa y lechuga suiza-qué opino de todo este pifostio, le responderé que después de muchos años (demasiados a decir verdad) siguiendo el andamiaje de la justicia nunca acabo de sorprenderme del todo. En realidad, el doctor Fernández ha tenido la suerte de que la jueza en cuestión hablara hasta por los codos retratándose sin rubor; el asunto pasa, indefectiblemente, por saber a ciencia cierta cuántos casos similares se han resuelto del mismo modo. Levantada la veda, ahora todos los gatos son pardos y las dudas sobre la probidad de nuestros administradores de justicia planean sobre un Estado carente de respuestas. De poco o nada sirven las declaraciones de intenciones tendientes a una reforma de un sistema fallido y viciado de nulidad; aquí se necesita una guillotina para decapitar la corrupción de una puñetera vez y para este menester, comprenderá usted que hay que ver quién es el machote (o la machota) que tire la primera piedra.
Es probable que el doctor Fernández pueda defenderse en libertad y, quizás, la consiga al demostrar su inocencia; pero nadie le devolverá los cuatro años pasados entre rejas. Tampoco el Estado podrá resarcir el dolor y la angustia de sus familiares ni mucho menos en honor mancillado por un tribunal incompetente y, si se me permite escribirlo, verdugo. Estamos, pues, inmersos en una vorágine de estado de indefensión y de éste, no nos salva ni Dios porque si hemos de esperar la justicia divina andamos apañados.

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