Violeta Castillo/Bolinfo/Tarija
(elPeriódico-septiembre 25/2018) El 9 de marzo de 2013 fue promulgada la Ley 348 con la misión de ser una normativa que garantice a las mujeres una atención pronta y efectiva ante sus denuncias de hechos de violencia, particularmente en sus hogares.
Sin embargo, la promulgación de la citada ley no significó un freno contundente a hechos de violencia contra la mujer en general y tampoco a los casos de feminicidio, que es la máxima expresión de violencia contra este sector.
El año de su promulgación, el 2013, se registraron 110 casos en todo el país. Mientras el 2017, se cerró la gestión con 109, siendo esta cifra una constante durante el resto de los años de este periodo de tiempo.
En el departamento de Tarija durante el 2017 se registraron 8 feminicidios, mientras que de enero hasta agosto del presente año registraron 7.
“Tarija ha cerrado gestión con 7 feminicidios, entonces es posible que el 2018 se cierre la gestión con más, estamos en septiembre, esperemos que no ocurra, pero es posible”, declaró la coordinadora de la Red contra la Violencia, Mariel Paz Ramírez.
La activista dijo que es “preocupante” el hecho de que las denuncias no son sancionadas de acuerdo a la normativa.
En el departamento, solamente 3 casos culminaron con una sentencia condenatoria para los responsables, es decir, menos de la mitad de los reportados.
La responsable del Servicio Legal Integral Municipal de Tarija (SLIM), Carina Flores Murillo, dijo que esta unidad cuenta con las condiciones para atender denuncias y hacer un seguimiento; sin embargo, no ocurre lo mismo con las demás instituciones como el Ministerio Público o el Tribunal Departamental de Justicia.
“Estamos a la espera de que el Órgano Judicial pueda fortalecerse y crearse, por la cantidad de casos, por lo menos tres juzgados más”, refirió.
Solo se cuenta con un juzgado de violencia, que además es mixto, porque atiende también casos de corrupción. “Se ha convertido en la parte operativa de la ley, pero es un cuello de botella”, dijo la funcionaria municipal.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Hermes Flores Egüez, refirió que hace dos meses concretaron una reunión con miembros de la Red Contra la Violencia y la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Cristina Díaz, quien comprometió gestiones para la creación de un nuevo juzgado; sin embargo, hasta la fecha no se concretó el proyecto.
Mariel Paz recordó que están realizando gestiones para combatir la retardación de justicia, pero sus peticiones no son atendidas.
“Hace unos tres años, la Red hizo diversas gestiones ante Consejo de la Judicatura, ante el Tribunal Departamental de Justicia, ante el Tribunal Supremo Plurinacional, inclusive se han trasladado comisiones a la ciudad de Sucre y se ha tomado contacto con las máximas autoridades, solicitando, clamando por la creación de un nuevo juzgado, cosa que hasta hoy no se concreta”, declaró la activista.
En el Ministerio Público, la principal deficiencia sería la falta de personal, porque no existen los peritos suficientes para atender a las víctimas.
Lo anteriormente mencionado se constituye en una de las principales causas de retardación de justicia que impide dar cumplimiento a la Ley 348, que en su artículo 45 dicta que las víctimas de violencia deben tener acceso a la justicia, “de manera gratuita, real, oportuna y efectiva mediante un debido proceso en el que sea oída con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable”.
Además, Mariel Paz, indicó que habría retardación por situaciones de negligencia de los operadores de justicia, tanto de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) como de la Fiscalía.
Paz indicó que en diferentes ocasiones, los procesos no avanzan, debido a que no actúan oportunamente notificando a los supuestos agresores.
“Tenemos casos en los que el agresor no ha sido notificado durante muchas semanas, cuando vamos a hacer el seguimiento, nos dicen que no salía nadie del domicilio señalado (…) otra razón es que se suspenden audiencias con muchísima frecuencia”, reveló.
“Haríamos mal si atribuimos solamente a la ley la posibilidad de disminuir la violencia contra las mujeres (…) esto pasa por un cambio cultural. Tenemos que mirar este problema a ser resuelto por una política de prevención, de incidencia en el currículo educativo y en demás institucionalidades”, explicó.
La Ley por sí misma no puede combatir la violencia, si no se trabaja de manera más consistente en mecanismos de prevención como de formación de manera integral. (eP).
elAPUNTE
Denuncias
Las víctimas de violencia o las personas que tengan conocimiento de casos de violencia pueden acudir ante las oficinas del Servicio Legal Integral de la Mujer (SLIM), La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) o el Ministerio Público.
Estas instancias tienen la obligación de iniciar acciones legales para la investigación y sanción de estos hechos.
El SLIM en Tarija cuenta con cinco equipos multidisciplinarios para la atención de denuncias por violencia, dos terapeutas, una cámara Gesell y el centro móvil que trabaja realizando campañas de sensibilización de la problemática en el área periurbana como rural.
En estos casos, el SLIM tiene la obligación de acompañar y asesorar legalmente a las víctimas mientras dura el proceso de investigación.
Nota de apoyo
Violencia en Tarija
Además de los casos de feminicidio, en Tarija es preocupante la cantidad de casos de violencia que no llegan a feminicidio, casos que tampoco son atendidos oportunamente.
De acuerdo a los datos estadísticos publicados por el Ministerio Público, más del 30 por ciento de los casos que se atienden tienen que ver con violencia familiar y doméstica, en su mayoría con retardación de justicia.
Uno de los casos más emblemáticos es el de “Dayana”; la joven que murió en el año 2016.
En este caso, el principal implicado sería el joven con quien se encontraba en un motel de la zona de Tomatitas. El juicio fue postergando en reiteradas oportunidades, siendo reprogramado recién en diciembre.
Otro caso es el de “Aricoma”, sobre una vendedora del Mercado Campesino que habría sido asesinada por su expareja en su puesto de venta el año 2016. El implicado no fue aprehendido hasta la fecha, ni siquiera concluyó la etapa investigativa que dé pie al juicio oral.
LosDATOS:
-De enero a junio de 2018 fueron registradas 12.746 denuncias de violencia familiar en Bolivia.
-La mayoría de los casos de feminicidio en el departamento corresponde a las provincias.