Seguridad cuidadana, garantías constitucionales y derechos humanos
Cnl.DESP.Rommel César Raña Pommiér
Hoy en día, el tema de seguridad ciudadana está en los POAs de las Gobernaciones, Municipios y forma parte importante de las agendas públicas por cuanto se ha conceptuado el problema de la inseguridad como una de las mayores preocupaciones de la población boliviana y de los ciudadanos y ciudadanas de Tarija. Lo cual se refrenda a partir de un adecuado diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana integrales y estratégicas, prueba de lo que digo es la promulgación de la Ley 264, “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para una vida segura”.
La función policial se erige como un servicio público a la comunidad que tiene por finalidad garantizar a toda la población el libre ejercicio de los derechos y libertades; siendo una labor íntimamente ligada al bienestar general y a la calidad de vida de las personas como función superior del Estado. La razón de ser que otorga legitimidad a la profesión policial es la protección y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales, razón que constituye su horizonte último; lo cual se enmarca en el Artículo 251 de la actual Constitución Política del Estado, a partir de la misión encomendada a la Policía Boliviana, cual es la de defender la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional.
Estudiosos y entendidos en el tema han conceptualizado la seguridad de un modo integral refiriéndose a la seguridad humana; si bien esta noción es determinante en aras a lograr afectar aquellos factores estructurales generadores de inseguridad y medir los avances en equidad y democracia al interior de los países; adolece de una amplitud de significado y carece de la especificidad técnica y conceptual necesaria para posibilitar la evaluación de las políticas públicas que puedan formularse para su logro. Conforme con el paradigma del desarrollo humano, nos referimos a la “seguridad ciudadana como aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones ilegítimas que pueden lesionar tales derechos.”
