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MIL PALABRAS La verdad oficial





31 agosto, 2018

Por Ramón Grimalt
No es extraño que las organizaciones de prensa hayan expresado abiertamente su contrariedad ante la propuesta del presidente Evo Morales de crear una ley contra la mentira destinada a penalizar a los medios de comunicación que, siempre de acuerdo al mandatario, difundan “información falsa”.
Aquí el lío está en determinar si es Evo o su Gobierno el dueño de la verdad y es ésta, única, indivisible y cuestionable, la que debe prevalecer en un país cuya Constitución Política del Estado Plurinacional y ramas anexas garantiza la libertad de expresión como derecho humano fundamental.
Por supuesto, Evo Morales cree a pie juntillas, fervientemente, que fue la difusión y desarrollo del caso Zapata que derivó en el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 donde Bolivia dijo NO a la repostulación; al mismo tiempo, se aferra al discurso de que la oposición política utiliza ciertos medios de comunicación (y, por supuesto, también las redes sociales) para desprestigiar a su gobierno a partir de noticias falsas o que no están de acuerdo con la llamada “verdad oficial”.
Es aquí donde todos, usted y yo, naturalmente, tenemos un problema de fondo. En los últimos tiempos y sobre todo a partir de la emergencia de las redes sociales y otras plataformas alternativas a los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión) el manejo de la información ya no pasa por los profesionales preparados para ello, se traslada a cualquier ciudadano que sube a la red lo que él a su criterio considera “informativo” y de “interés público”. En otras palabras, el filtro profesional ha desaparecido y usted está en todo su derecho a decir lo que le dé la gana sobre estos o aquello, sin medir las consecuencias y, obviamente, daños colaterales.
Este es uno de los temas sujeto a un debate permanente en diversos foros de la sociedad global y aquí ya se han realizado varios encuentros entre periodistas y sociedad para tratar de desentrañar las causas de una caída en picado de la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales. Ahora, en este instante, un youtuber es más influyente que un analista político y sus cuatro conceptos marinados con una dosis de espectáculo, pompa y circunstancia valen más que diez años de formación profesional. Nos podrá gustar más o menos, pero el periodismo necesita reinventarse en función de los conceptos y valores tradicionales preconizados en las facultades para recuperar un terreno conquistado por los bárbaros de la comunicación, aquellos foráneos que usurparon lo que a muchos nos costó sangre, sudor y lágrimas. Con ello no quiero menoscabar la importancia de las redes; al contrario soy partidario de una reglamentación y una regulación (nunca censura) que derive en un manejo y administración más responsable de la información posteada. Sólo así podremos evitar la tentación de que algún líder político que se cree poseedor de la verdad absoluta pretenda imponerla a fuer de leyes de peregrina y arbitraria ejecución que lo único que buscan es controlar el libre pensamiento.

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