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Persisten uniones “forzadas” en el área rural






11 julio, 2018

Son varias las instituciones, organizaciones y ONGs que coincidieron en decir, que en las comunidades distantes las menores de edad que son víctimas de violación son obligadas a formar una familia con su agresor.

Sidar Paca/Bolinfo/Tarija
(elPeriódico,julio–11/2018) No hay cifras oficiales en Bolivia ni en Tarija sobre el matrimonio precoz, que se considera una de las cinco vulneraciones más graves a los derechos de las niñas y adolescentes. Aunque oculto, este es un problema en las zonas rurales del departamento; que va de la mano del embarazo no deseado, la pobreza y la violencia sexual.
Las uniones matrimoniales de adolescentes con personas adultas es un problema que va en contra de las leyes, sin embargo este tiene el aval social. Son adolescentes que soñaron en su momento con mariposas, estudios y una vida libre, pero, por diversos motivos, entre ellos la violencia sexual, tuvieron que someterse a esta vida que se les impuso.
Un reto institucional
Para el gerente de la Fundación Plan Internacional en Tarija, Carlos Jalil, este problema social es muy crítico en todo el país, sobre todo en las zonas rurales donde se tiene la cultura de ocultar la situación, por estar junto a otras de las problemáticas que es el embarazo no deseado.
“El embarazo no deseado en adolescentes es el resultado de muchas veces del delito de la violación; según datos que se tiene, el 70 por ciento se cometen dentro del entorno familiar, hace pensar que se debe de realizar un trabajo muy serio en estas zonas”, explicó el entrevistado.
Asimismo, mencionó que como estos casos se dan en entornos familiares de comunidades campesinas, mayormente más priman los usos y costumbres, lo que, según la Fundación, son malas prácticas que permiten que la adolescente víctima se junte con su agresor.
En ese sentido, aseveró que estos temas son realmente críticos y es muy difícil de identificarlos, porque en ocasiones el agresor trata de tapar el tema tratando de arreglar económicamente con la familia o intimidando a los familiares o la misma víctima.
“Nosotros creemos que una forma clave para poder trabajar con este problema es la prevención con las niñas de las zonas rurales para que entiendan cuáles son las prácticas que se denominan violencia y agresión sexual, para que identifiquen cuando sus derechos sexuales son vulnerados”, señaló.
Defensoría
Para el entrevistado la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del departamento deben de trabajar en esta problemática, aunque está sea muy difícil, dijo que las instituciones no están bien estructuradas en las zonas rurales, porque las mismas cuentan con poco personal.
Un problema oculto
Según Jalil los matrimonios de adolescentes con personas adultas, es un problema oculto en Bolivia y Tarija por eso no existe datos oficiales.
“Este es un problema que se siente fuertemente, y en Bolivia ya empieza existir datos que evidentemente hay matrimonios, donde hay la autorización de los padres para que se den matrimonios entre la menor y su agresor”, dijo.
ONG Realidades
Entre tanto la directora de la ONG Realidades, Tahia Abrego, indicó que el Comité de Derechos de la Niñez y Adolescencia ha recomendado a Bolivia que elimine por completo el matrimonio infantil.
“En ese sentido, Bolivia tiene que avanzar con su regulación infantil y definir de manera legal este tema–señaló–. Pero en el tema de violencia sexual ejercida, no está prohibido conciliar entre agresor y víctima, sin importar que haya el consentimiento de los padres para evitar que estas adolescentes queden en mano de quien les violentó”.
Igualmente, coincidió en decir que en Bolivia hay un alto índice de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, que lamentablemente se producen más en el entorno familiar, pero enfatizó que esta problemática debe ser enfrentada en todos los departamentos.
Matrimonio de adolescente
Un hecho de matrimonio infantil en una comunidad rural en Tarija, de muchos de otros que se ocultan, llamó la atención de toda población tarijeña y boliviana, porque la víctima era una adolescente de 13 años y estaba embarazada de ocho meses de su agresor.
Este caso ocurrió la gestión 2016 en la comunidad de San Jacinto Norte, donde los padres permitieron que la menor de edad viva con su agresor y forme una familia, esto debido a los usos y costumbres de la zona.
En ese sentido, las autoridades como la Defensoría del Pueblo, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Fiscalía pidieron que se proteja el interés superior de la menor y se apliquen medidas de protección a la adolescente y sea separada de su agresor con quien vivía.
En ese sentido el director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cercado, Ramiro Pérez, explicó que se está trabajando en todas las áreas rurales del municipio con acciones de prevención en las unidades educativas.
No obstante, señaló que desde la gestión 2016 la institución no recibió alguna denuncia de matrimonio forzado de una adolescente con una persona adulta, pero, si en el caso de ser denunciado a la entidad un hecho de estas características actuarían de manera legal para restituir los derechos de la menor de edad.
No obstante, aseveró que se denunció una gran cantidad de delitos de estupro y abusos sexuales contra menores de edad cometidos en las áreas rurales del municipio, en los cuales los agresores fueron puestos en conocimiento de las instituciones como la Fiscalía y Policía.
“En ocasiones por su situación los padres de la menor de edad permiten que la adolescente conviva con la persona, pero los jóvenes menores de 18 años que se casan con un adulto que le lleve con tres años no está sancionado por la ley”, explicó Pérez.
Entre tanto, el director ejecutivo del Centro de Capacitación y Promoción de la Mujer Campesina de Tarija (Cimcat), Wilson Santisteban, indicó que la institución tiene conocimiento que, en muchas oportunidades adolescentes, víctimas de violación de zonas rurales de Tarija fueron obligadas a formar una familia con su agresor, esto por el contexto sociocultural de la comunidad.
EL APUNTE
Violencia sexual en las zonas rurales
El director ejecutivo del Cimcat, Fundación que trabaja con mujeres campesinas de Tarija, Wilson Santisteban, explicó que en la zona rural “pesa mucho el qué dirán” por lo que las denuncias de violencia intrafamiliar, de género y vulneración a los derechos sexuales de las mujeres no se denuncian a tiempo o muchas veces no llega a la institución.
“Hay una encuesta nacional que explica que el 40 por ciento de las mujeres no denuncian, simplemente por el qué dirán, el tema de la vergüenza que esto generaría en el entorno familiar y la comunidad”, aseveró el entrevistado.
Asimismo, mencionó que Tarija sigue siendo una sociedad conservadora y machista, lo que ocasiona que los hechos de violencia no se expandan por la sociedad.
Igualmente indicó que las mujeres no pueden llegar a denunciar los hechos debido a que se encuentran viviendo en zonas distantes sin acceso a una institución donde den a conocer que fueron víctimas de violencia sexual. “Por eso las mujeres ven esta situación como algo natural”.

Los datos
• Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) señala que la tasa de natalidad en mujeres entre 15 y 19 años en Bolivia es de 116 por cada 1.000 en ese país.

• No hay cifras oficiales en Bolivia sobre el matrimonio precoz, que se constituye en una de las cinco vulneraciones graves a los derechos de las niñas y adolescentes.

LA NOTA DE APOYO
El matrimonio precoz vulnera derechos de niñas
Sidar Paca/Bolinfo/Tarija
(elPeriódico,julio–11/2018) El matrimonio infantil es la unión formal o informal en la que uno o ambos contrayentes son menores de 18 años. La práctica es considerada como matrimonio forzoso porque no cuenta con el consentimiento pleno e informado de una o ambas partes.
La ley establece que, de manera excepcional, se podrá constituir matrimonio o unión libre de adolescentes de no menos de 16 años, siempre que haya autorización de los padres, tutores o a falta de ellos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
En Bolivia, hay uniones de hecho de niñas, incluso de 12 años, con hombres que les duplican o triplican la edad. “No hay datos” es la respuesta de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), Defensorías de la Niñez y la Adolescencia y otras instituciones cuando se aborda el tema.
Pero las instituciones consideran que este tema debe de ser tratado desde la prevención en las unidades educativas y en las comunidades rurales junto a las autoridades locales como los “corregidores”.
Asimismo, las instituciones consultadas informaron que estos hechos no se denuncian, pero si los casos de estupro cuando se trata de una relación de pareja entre una adolescente menor de edad con una persona adulta que le dobla la edad.(eP)