ERBOL
Dos expertos en materia legal aseguraron que Bolivia perdió ante una empresa “trucha” como Quiborax y por una mala defensa legal porque la Procuraduría General del Estado, no supo convencer al tribunal arbitral del CIADI que esa empresa nunca fue internacional, sino boliviana y que para habilitarse falsificó el paquete accionario.
El abogado Carlos Alarcón sostuvo que en la sociedad Quiborax-Non Metalic Minerals SA, el principal accionista era el boliviano David Moscoso, por tanto, mal pudo ser sujeto para un arbitraje internacional, aspecto que la Procuraduría no pudo sustentar esa realidad. Incluso el autor del delito recibió una sentencia de dos años de cárcel.
Similar criterio expresó el otro experto en temas laborales Rodolfo Eróstegui quien en su columna “atando cabos”, coincide con la posición y señala que Quiborax es una empresa chilena y que gracias a la sociedad con el boliviano Moscoso -accionista mayoritario- se vuelve en territorio boliviano en una empresa boliviana.
“Para poder recurrir al CIADI, Moscoso falsifica actas del directorio y transforma una empresa boliviana en internacional; es decir, en una empresa internacional trucha”, dice Eróstegui.
Advierte que “la mala defensa del Estado boliviano ante la demanda de esta empresa trucha está sentando un mal precedente, pues se prendió la luz verde para que otras empresas similares vean a Bolivia como un lugar donde pueden multiplicar su capital por cinco en muy poco tiempo”.
Cita además una investigación que realizó Sandra Mamani Roldán para la Red de Comunicaciones Pio XII, donde se asegura que “esta empresa no hizo nunca ninguna inversión para desarrollar el yacimiento minero en Bolivia (…) Tan expuesta era la situación que Quiborax no tenía ni una pala excavadora a su nombre”.
Tanto Eróstegui como Alarcón coinciden en que el CIADI, institución del Banco Mundial, se prestó a “juegos sucios de esta empresa trucha”, se parcializó y que la defensa legal no fue capaz de demostrar esa realidad.
Eróstegui -citando a la misma investigadora- aclara que la empresa no fue expulsada por el decreto de Carlos Mesa, sino por una resolución de la Superintendencia de Minas, de noviembre de 2004, que declaró ilegal las concesiones por la violación de normas administrativas de cómo fueron otorgadas, y no por el tema medioambiental o laboral.