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“CYBERCRIMEN”: EL DELITO INFORMATICO





17 junio, 2018

* Cnl. DESP. Vladimir Yuri Calderon Mariscal
El desarrollo de Internet y de las nuevas tecnologías asociadas a la red relacionadas con la información y las comunicaciones hacen del ciberespacio un nuevo lugar para la consumación de violaciones a bienes jurídicos tan importantes como la intimidad, el honor, la propiedad, la libertad sexual y hasta la integridad física y la vida. Aunque la mayoría de las conductas no son, en esencia, algo nuevo en sí mismas la extraordinaria particularidad del medio con el que se cometen, o sobre el que actúan, confiere a estas conductas una especial configuración que obliga a romper los esquemas clásicos para su investigación y enjuiciamiento.
Afortunadamente el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal han evolucionado para enfrentarse a ese nuevo cauce de ejecución delictiva que se desarrolla en un ámbito virtual y tecnológico, diferente al modelo tradicional de criminalidad física, individual e interpersonal, ya que cuestiona los axiomas vigentes.
Se entiende por “ciberdelito” o “cibercrimen” cualquier infracción punible, ya sea delito o falta, en el que se involucra un equipo informático o Internet y en el que el ordenador, teléfono, televisión, reproductor de audio o vídeo o dispositivo electrónico, en general, puede ser usado para la comisión del delito o puede ser objeto del mismo delito.
Es evidente que para hacer frente a esta forma de delincuencia se precisa realizar un enfoque supranacional, con unidades policiales de investigación especializadas y dotadas de los medios técnicos necesarios para la efectividad de su trabajo e, igualmente, se hace preciso un enjuiciamiento rápido y especializado de este tipo de conductas.
En este sentido el Convenio sobre Ciberdelincuencia, firmado en Budapest el 23 de noviembre de 2001, supone la respuesta a la necesidad de tener medios eficaces de cooperación para la lucha contra la cibercriminalidad. Se refiere al desarrollo y la utilización, cada vez mayor, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como la necesidad de aplicar una política penal común, encaminada a proteger a la sociedad frente a la este nuevo tipo de delincuencia, adoptando y armonizando una legislación adecuada en todos los países y manteniendo una política de cooperación internacional.
El Convenio contempla expresamente los delitos informáticos y define los tipos penales que han de considerarse para cada uno ellos: delitos contra la confidencialidad, la integridad, y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, delitos relacionados con el contenido, delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y derechos afines. Para completar la materia en 2003 se promulgó la firma del Protocolo Adicional al Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa criminalizando los actos de racismo y xenofobia relacionados con las nuevas tecnologías.
Por lo que respecta a nuestro país en concreto hay que destacar que en el Código Penal no se contempla expresamente el concepto de ciberdelito ni delito informático en ningún capítulo preciso, sino que se definen las distintas conductas delictivas en las que interviene de alguna manera una actividad relacionada con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Así se identifican como delitos informáticos aquellos en los que el nexo común alrededor del cual se producen es un ordenador o un dispositivo electrónico con conexión a Internet, bien porque el objeto sobre el que recae la conducta es el propio sistema, el programa informático o el equipo, bien porque ese sistema es utilizado como medio a través del cual se realiza la conducta delictiva o bien porque el bien jurídico protegido es la integridad de la información, la confidencialidad de la misma o los datos y los sistemas o programas informáticos. Por consiguiente, la atipicidad de las mismas en nuestro ordenamiento jurídico penal vigente impide una valoración jurídico-legal que particularice a las mismas, resultando como consecuencia inmediata un alto porcentaje de criminalidad e impunidad, dificultando al operador de justicia la sanción como delitos, de hechos no descritos en la legislación penal, configurándose el principio legal “NULLA CRIMEN, NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE”.

* El Cnl. Calderon es el Agregado Policial en la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Washington DC. EE.UU.

SACA PUNTAS

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SUMA

La Entidad Municipal de Aseo de Tarija, dispuso realizar un cambio de horario en el servicio de recojo de basura en los barrios del centro de la ciudad, con el fin de evitar conflictos y nudos viales como viene ocurriendo a la fecha.

RESTA

El insulto y la incitación a la violencia por parte de la dirigente gremialista de Villa Montes, Gaby Gandarillas, en contra de los tarijeños, o mejor dicho de sus hermanos del mismo departamento. Para colmo, la dirigente mostró en sus declaraciones una fuerte falta de conocimiento respecto a la producción de hidrocarburos.