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Superiores estudios





9 junio, 2018

Por Ramón Grimalt
A propósito de la crisis de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y dejando al margen el trágico episodio de Jonathan Quispe (hecho sobre el que persisten ciertas dudas razonables, por cierto, a pesar de haberse presentado al subteniente Cristian Casanova como su presunto asesino) he sentido en el ánimo de la opinión pública un acre debate sobre la calidad de nuestras superiores casas de estudio, esas que no figuran entre los mejores centros de formación de profesionales en el mundo.
Aunque, personalmente, no me interesan los ránkings ni otro tipo de mediciones que no sea la tabla de posiciones de la Liga encabezada por el Fútbol Club Barcelona, admito que el sistema público de educación universitaria en Bolivia atraviesa por un momento particularmente álgido debido a sus eternos problemas de financiamiento (ergo coparticipación tributaria) que nunca es suficiente para atender la demanda planteada cada gestión por los rectores. Ciertamente existe un crecimiento vegetativo de estudiantes cada año, el mismo que implica un mayor presupuesto para infraestructura y plantel docente; también las universidades necesitan potenciar sus capacidades en materia de investigación y producción académica y, en muchos casos, sostener programas de extensión universitaria para la difusión de conocimiento, como por ejemplo los canales de televisión y alguna que otra emisora radial. Pero la realidad pone de manifiesto quela calidad de la educación impartida no está acorde con la necesidad perentoria de contar con nuevas hornadas de profesionales competentes al servicio de la sociedad.
En primer lugar, en Bolivia las universidades del sistema público no son tomadas en cuenta como fuente de información científica por el Estado (las privadas tampoco se prodigan demasiado en este menester, todo hay que decirlo). Por ejemplo, en Estados Unidos, el Gobierno y los estados cubren el costo de investigaciones universitarias sobre temas de interés general. Esto, sin duda, otorga claridad y credibilidad a Washington a la hora de diseñar y presentar sus políticas de desarrollo.
En segundo término, en otras latitudes no existe el cogobierno universitario y la autonomía no se interpreta como una suerte de trampolín para que los estudiantes hagan sus pinitos en la arena política. Naturalmente se escucha y se respeta la voz del estudiantado pero existe un principio de autoridad en la figura del rector, los decanos y los jefes de carrera. Cuando se entrega un 50% de poder a los alumnos, la universidad como institución se convierte en una especie de rehén de los intereses estudiantiles que, en algunos casos, responden a consignas políticas y en todo caso mezclar política con educación suele ser un cóctel tan explosivo como indigesto.
Tercero, la universidad pública es una institución estatal y, en ese sentido prima una suerte de funcionariado anquilosado en su estructura administrativa que menoscaba la calidad y pervierte sus principios fundamentales.
Enfrentamos, por lo tanto, una realidad académica que debe tomarse con pinzas. Hay que preguntarse si, evidentemente, nuestros estudiantes tienen el sistema universitario que se merecen o si en vez de estudios superiores lo que tenemos son superiores estudios que aún no consiguen apuntar con claridad a un objetivo concreto: la excelencia académica.