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Leyes pretenden eliminar consorcios de jueces y fiscales






7 junio, 2018

Sidar Paca/Bolinfo/Tarija
(elPeriódico-junio–07/2018) El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Lino Cárdenas Ortega, informó que en el ejecutivo nacional a la fecha trabaja proyectos de leyes que tienen el objetivo de terminar con los supuestos consorcios de jueces, fiscales y abogados.
De esta manera pretende eliminar los males que afectan al sistema judicial del país.
“A iniciativa del Órgano Ejecutivo del país, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Órgano Judicial hay la determinación de atacar algunos males que son cruciales en el sistema procesal penal boliviano”.
De acuerdo a la autoridad, la iniciativa nace debido a que no pudo aprobarse un nuevo sistema penal en general. Pretenden “atacar algunos aspectos preocupantes” para la sociedad, como ser los consorcios de jueces, fiscales y abogados.
Refirió que esos son los principales focos que afectan a la administración de justicia y es fuente de corrupción.
“Segundo elemento crucial es ver mecanismos para los procesos que duran bastante, incluso hasta diez años en el país, y esa justicia que tarda no es justicia pues”.
Otro de los temas que “preocupa” al sistema de judicial del Estado Plurinacional, es el gran número de personas que se encuentran con detención preventiva en los centros penitenciarios del país.
“Un 80 por ciento de los 17 mil privados de libertad que se tiene en las celdas de Bolivia están con detención preventiva y eso hace que el Estado vea mecanismo para solucionar esta temática”. Informó que en los siguientes días, el proyecto de ley pasará al legislativo nacional donde será evaluado para su posterior aprobación. (eP).

EL APUNTE
Código Penal sanciona a consorcios de jueces fiscales
De acuerdo al Artículo 174 del Código Penal, jueces o fiscales que concreten la formación de consorcios con uno o más abogados, o formare parte de ellos, con el objeto de procurarse ventajas económicas ilícitas en detrimento de la administración de la justicia, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años.