ESTADO DE INDEFENSIÓN
En un puñado de días el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha pasado de denunciar a gritos en horario de máxima audiencia una conspiración contra el presidente Evo Morales orquestada desde la oposición política aliada de Estados Unidos en connivencia con la plana mayor de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), a retractarse, disculparse y presentar ante la prensa al subteniente Cristian Casanova, miembro de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) como responsable del asesinato de Jonathan Quispe, acaecido durante una manifestación el 24 de mayo. Es decir, en una semana, el titular de Gobierno ha quedado retratado ante una opinión pública que exige, demanda e implora que las autoridades que en principio tienen la obligación de protegerla, sean lo suficientemente serias y profesionales en vez de tanta alharaca. Porque no ha faltado vocinglero en el Gobierno, el Ministerio Público y, por supuesto la Policía Boliviana con la ligereza de cuerpo suficiente para apuntar con un dedo admonitorio a éste o aquél, encendiendo las redes sociales (menudo caldo de cultivo para la posverdad y la desinformación) y generando una profunda y alarmante sensación de indefensión, matizada, sin duda alguna, por la reacción natural de la familia del difunto exigiendo transparencia a unas instituciones que tienen la misma claridad y credibilidad que el agua de un pantano.
Porque, ya me explicará usted cómo se entiende que un miembro de la UTOP vaya por ahí, armado por su cuenta y riesgo, disparando a mansalva, sobrepasando-siempre según la propia Policía Boliviana-la cadena de mando y las órdenes establecidas para frenar la vehemencia de la protesta. No tiene sentido que ahora, al calor de la búsqueda perentoria de un responsable de la muerte del estudiante, la Policía presente a uno de los suyos enmanillado, asegurando que, primero, portaba un escopeta no reglamentaria y segundo, disparó porque se le cruzó por la cabeza.
De ser así, el problema es mayúsculo: ¿qué confianza podemos tener en la Policía, institución llamada a salvaguardar a los ciudadanos? Es más. Después de la escandalosa resolución del caso Eurchronos en Santa Cruz, con videos mostrando a policías robando joyas y relojes de las vitrinas con el mayor desparpajo, el Ministerio de Gobierno debió haber tomado cartas en el asunto en lugar de marear la perdiz. En este momento, disculpe usted, la Policía Boliviana ha perdido la red de seguridad que le permitía ejercitarse en el trapecio sin temor a precipitarse al vacío: ya no es posible tolerar actuaciones arbitrarias al margen de la ley.
Naturalmente han surgido voces que piden la cabeza del titular de Gobierno, el fiscal departamental, el Comandante de la Policía Boliviana y el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y es, hasta cierto punto, lógico. Pero es preciso dar un paso adelante y proponer al Gobierno que se plantee una reforma integral de los cuerpos de seguridad del Estado. Puede esto, incluso, sonar a utopía, pero de no llevarse a cabo esta sociedad está abocada a un sálvese quien pueda de pronóstico reservado. Claro que tal y como está el patio, una reestructuración en la institución verde olivo se antoja poco menos que una quimera