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Víctimas de violencia intrafamiliar sin garantías de protección






16 mayo, 2018

De 1637 casos de violencia de género en Cercado, el 50% de los agresores fueron notificados para que desalojen sus viviendas, pero no hubo seguimiento
Sidar Paca/Bolinfo/Tarija
(elPeriódico, mayo–16/2018) Como medida de protección, los administradores de justicia determinaron en la mayoría de los casos, que el agresor, abandone su hogar, para proteger la integridad de las víctimas.
Según la Red de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer de Tarija, esta medida no es acatada por las falencias que existen en el sistema judicial como en la misma Ley 348.
La Ley 348 fue promulgada el año 2013 para evitar la violencia en contra de la mujer.
Defensa Pública informó que de cada 10 mujeres que son víctimas de violencia de género, solo 3 piden que el agresor tenga que abandonar su hogar como una medida de protección para ella como para sus hijos.
Las víctimas, alertaron que sus agresores no cumplen con las medidas de protección que les impone la Justicia para evitar que sean atacadas.
También refieren que la Justicia no realiza una evaluación del daño y el riesgo al que están sometidas las denunciantes.
La Red de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer cuestionó que los agresores no cumplen con las medidas de protección que imponen las autoridades de la justicia.
Una integrante de la Red, Sonia Martínez, explicó que lo recomendable en los casos de violencia de género, es que el agresor tenga que abandonar su vivienda para que la mujer pueda seguir con sus actividades económicas con sus hijos sin que se vea afectada.
“Lamentablemente, estas medidas de seguridad no se cumplen en la mayoría de los casos”, reveló la activista.
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, refieren que existen problemas para la aplicación de la Ley 348.
“No queda claras las competencias de quién tiene que hacerse cargo de garantizar que esta medida de protección se cumpla”, indicó la entrevistada.
Este tema de manera “permanente” está siendo asumido por estas organizaciones que remiten notas a las instancias de justicia.
También remiten resoluciones que asumen en las mesas de trabajo que organizan con las instituciones ligadas a esta temática.
Defensa Pública
La directora regional de Defensa Pública, Sabina Marca Paco, indicó que del 100 por ciento de los casos de violencia de género que se dan en el departamento, en un 15 por ciento, se efectiviza la medida de protección de desalojo del hogar por parte del agresor.
“En la mayoría de los casos las mismas denunciantes que son las esposas o mamás de los agresores, no solicitan esta desocupación por carácter de que se mantenga la familia unida”, explicó.
También, existen casos donde las víctimas pidieron que sus agresores no desalojen sus viviendas, pese a que su pareja fue notificada por el Ministerio Público.
En este tipo de casos, la mujer víctima llega a un acuerdo para que ambos asistan a terapias familiares.
Indicó que de todos los casos judiciales que está Defensa Pública, un 70 por ciento son de personas que cometieron delitos de violencia de género.
SLIM
Desde el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), aseguran que mediante sus equipos móviles visitan las viviendas donde se dieron casos de violencia de género con los objetivos de realizar un seguimiento a la víctima, como de notificar al agresor para que desaloje su vivienda como una medida de protección a favor de la mujer.
La trabajadora social del SLIM, Estela Guevara, explicó que el área social de la institución trata de hacer cumplir las medidas de protección.
“En muchos casos, hemos tenido que el agresor no quiere salir del domicilio justificando que también le pertenece la vivienda, pero, los hacemos entender que no está perdiendo la propiedad de su casa, sino que mientras dura el proceso tiene que desalojar la vivienda”.
Guevara mencionó que el agresor en algunas ocasiones reacciona de manera violenta agrediendo verbalmente a los funcionarios, no obstante, en otras los sujetos entendieron y desalojaron sus viviendas buscando otro lugar donde vivir.
En determinados casos, el agresor retorna a su vivienda pese a que fue notificado por las instituciones para que desaloje la misma.
Este tipo de casos, se dan también por la aceptación de la víctima.
“Como el proceso de estos casos es largo, la víctima retoma la relación y acepta que el agresor retorne a su vivienda a convivir de nuevo, entonces, lo que hacemos es explicar a la pareja que la denuncia no es para separarlos, sino para frenar la violencia”, indicó la funcionaria.
Cifras
La directora del SLIM, Karina Flores, indicó que las brigadas móviles de la institución el 2017 realizaron 1275 visitas domiciliares y el 2018 hasta marzo 362, de las que un 50 por ciento, fueron para notificar al agresor con el objetivo de que desaloje su vivienda.
Explicó que los funcionarios del SLIM realizan las notificaciones a los agresores en sus viviendas con el acompañamiento de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) para evitar acciones de violencia.
Igualmente indicó que después del trabajo que realiza el personal del SLIM móvil en las viviendas de los diferentes barrios de la ciudad de Tarija y zonas rurales, los funcionarios piden al agresor asistir a una terapia que es ordenada por el Ministerio Público.
“Lo que se busca, no es separar a la familia, sino que se cumplan las medidas de protección que establecen las instituciones como la Fiscalía para evitar más hechos de violencia”, refirió.
Cuando verifican que la vivienda no es segura para la víctima y sus hijos, son trasladados a la “Casa del Bienestar de la Mujer” en coordinación con el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges). (eP).

elApunte
SLIM pide ambientes en EPI de Los Chapacos
La directora del Servicio Legal Integral Municipal, Karina Flores, dijo que las instituciones están pidiendo al Comando Departamental de la Policía, que les habilite unos ambientes en la estación policial integral (EPI) del barrio Los Chapacos, para atender a mujeres víctimas de violencia de manera inmediata.
La funcionaria explicó que según los últimos reportes del Ministerio Público, la mayoría de los casos de violencia de género de la ciudad de Tarija, son registrados en el barrio Los Chapacos.
Organizaciones como la Red de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer, no recibieron una respuesta del Comando respecto a este pedido.

NOTA DE APOYO
Más inseguridad en el área rural
La Red de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer, informó que los casos de violencia intrafamiliar que se dan en las zonas rurales del departamento, son más críticos, por la falta de intervención de las instituciones.
Las mujeres no reciben la protección competente de las instituciones del Estado que son llamadas a proteger sus derechos en todo el país.
La integrante de esta red, Sonia Martínez, explicó que los casos en las zonas rurales del departamento son preocupantes, porque no hay presencia de las instituciones del Estado que hagan cumplir la Ley 348.
“Se tiene que ver con el constante cambio de personal de las diferentes instancias que impiden que esto vaya avanzando”, dijo.
La directora del Servicio Legal Integral Municipal, Karina Flores, explicó que la violencia de género no diferencia a las víctimas, si son estas de las zonas rurales o de la ciudad, además, si las mismas son jóvenes o mayores.
Las mujeres sin importar su procedencia, edad, estatus económico entre otros, llegan a ser víctimas de violencia de género, pese a que la Ley 348, fue observada en su efectividad, al hallarse vacíos legales.
En Tarija solo hay un juzgado de violencia, por ello, la carga procesal genera que no se den a tiempo las medidas de protección a las víctimas.
Flores indicó que de todos los casos que atendió el SLIM, en un 60 por ciento, el agresor es el esposo o concubino.

LOS DATOS

• En el 60% de los casos de violencia contra la mujer, los agresores están dentro del núcleo familiar.
• En Tarija existe un solo Juzgado de Violencia.
• La Ley 348 fue promulgada para dar más medidas de protección a favor de la mujer.

LAS CIFRAS

En la gestión 2017-2018, el SLIM de Cercado realizó 818 notificaciones de desalojo de agresores. El mes que más se registró visitas domiciliarias y notificaciones en el 2017, fue junio, cuando efectuaron 158 visitas