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Defensa Pública con problemas con el Decreto de Indulto






15 mayo, 2018

Sidar Paca/Bolinfo/Tarija
(elPeriódico,mayo–15/2018) La directora regional de Defensa Pública, Sabina Marca Paco, informó que están atravesando problemas con el trámite de documentos de los privados de libertad del departamento para que sean beneficiados con el Decreto de Indulto y Amnistía.
“Estamos haciendo todo lo que está en nuestra manos para recabar los requisitos del indulto total, pero tropezamos con la adquisición de requisitos”, explicó la abogada.
Uno de los problemas referidos es con el trámite de los documentos del Registro Judicial de Antecedentes Penales o Rejap.
Otro de los problemas que tiene la institución, es que gran parte de los internos que están solicitando el trámite de este beneficio, no cuentan con su carnet de identidad actualizado, lo que demora el trabajo de los abogados.
Mencionó que a cada uno de los funcionarios de Defensa Pública, le asignó un número determinado de trámites para que presenten.
Cada funcionario de Defensa Pública tiene entre cuatro a cinco solicitudes de indulto ante el Órgano Judicial.
Hay privados de libertad que están realizando sus trámites de solicitudes de indulto mediante otras instituciones o con apoyo de sus familiares, por lo que la institución, no tiene que ver con estos procesos.
Marca aseguró que siguen trabajando en coordinación con la oficina del Defensor del Pueblo.
En Tarija son unos 50 reclusos que pretenden conseguir su libertad mediante este decreto.
“Estamos tramitando unas diez solicitudes de indulto, pero es el tema de los documentos lo que nos obstaculiza”, mencionó la entrevistada.
La Defensa Pública pretende tramitar en este año unas 15 solicitudes en Cercado, 15 en Yacuiba y 10 en Bermejo.
Para la funcionaria, es importante el apoyo de las diferentes instituciones para que el decreto beneficie a más privados de libertad, con el fin de descongestionar los recintos penitenciarios de Tarija.
El decreto supremo para dar indulto y amnistía para los privados de libertad en Bolivia pretende beneficiar a unos 2.735 reos con sentencia o detención preventiva, lo que representa cerca del 15% de la población carcelaria en el país. (eP).

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