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Senado de España expresa su preocupación por el boliviano condenado a muerte en Malasia






11 abril, 2018

Agencias

El pleno del Senado en España aprobó una declaración institucional en la que reitera el rechazo de ese país a la pena de muerte y pide al Gobierno que se interese ante Malasia por el caso del boliviano Víctor Parada, quien residió varios años en Alicante y ahora está condenado a muerte en ese país asiático.

La información fue publicada este miércoles por el medo digital español www.cope.es, según el cual la declaración firmada por todos los grupos de la Cámara y leída por su secretario primero, Luis Aznar, señala: “El Senado solicita al Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que se interese ante las autoridades de Malasia sobre la situación del ciudadano Víctor Parada”.

El documento recuerda, continúa la publicación, que el Senado ya expresó en octubre de 2016 “su más profundo rechazo a la pena de muerte, así como su firme compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Y alude al caso concreto de Víctor Parada, de 30 años, condenado a la pena capital en Malasia por haber intentado introducir 450 gramos de cocaína en el país.

Sus familiares, residentes en Alcoy (Alicante), tienen la doble nacionalidad española y boliviana y han hecho un llamamiento para buscar apoyos y tratar de evitar la aplicación de esta sentencia “cruel e inhumana”, explican los grupos del Senado.

La Cámara “reitera explícitamente su firme e inequívoca oposición a la pena de muerte en cualquier circunstancia y en todos los casos, así como su compromiso por la abolición de la pena capital en todas aquellas legislaciones en las que aún está vigente en el mundo”.

Víctor Vargas vivió varios años en la localidad alicantina de Benilloba, y en 2013 fue detenido en Kuala Lumpur cuando trataba de introducir desde Bolivia 450 gramos de cocaína en bolsas ingeridas.

Este joven boliviano había sido deportado a su país por carecer de permiso de residencia en España, y desde que fue capturado en Malasia su familia haber gastado 40.000 euros en viajes, abogados y traductores sin resultados positivos, ya que el pasado 5 de enero fue condenado a la pena de muerte por ahorcamiento.

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