JUE
ABR
19

MIL PALABRAS (134)





11 abril, 2018

Satisfacción

Por Ramón Grimalt

En varias ocasiones me he referido en esta columna a los hechos de febrero y octubre de 2003 desde la perspectiva de quien estuvo en primera línea cubriendo aquellos acontecimientos como miembro del departamento de Prensa de PAT, en ese entonces liderado por dos maestros de la talla de Mario Espinoza y Eddy Luis Franco.
No quiero repetirme en esta ocasión sobre todo lo que me tocó vivir y, por supuesto, padecer durante aquellos días tan interminables como inolvidables que conservaré por siempre en mi memoria y que de algún modo sirvieron para que alcanzara cierta madurez periodística al margen naturalmente de la cruenta experiencia humana que no se la deseo ni a mi peor enemigo, considerando que tenga alguno, que ya es decir, en fin.
Por ello, al conocer la sentencia previa (la definitiva se conocerá el próximo 4 de mayo) leída por el juez estadounidense, James Cohn, que responsabiliza al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en octubre de 2003, sentí una profunda satisfacción al saber que en otras latitudes (el tan criticado “imperio”) la justicia es un poder independiente. Pero al mismo tiempo, y siempre desde la mirada de quien estuvo allí, me pregunto si en algún momento el Estado investigará la responsabilidad de aquellos civiles a quienes vi empuñar fusiles y pistolas. Ciertamente, las Fuerzas Armadas hicieron un uso desproporcionado de la fuerza y dispararon a mansalva contra la población alteña, hecho brutal y por lo tanto inadmisible en un estado de Derecho que bien puede considerarse una masacre en toda la regla; ello no quita, sin embargo, que entre cientos de civiles que protestaban contra la firme intención del Gobierno de exportar gas a California por puertos chilenos, se parapetaran personas dispuestas a dinamitar el orden establecido por la vía de la lucha armada. Porque los hubo, yo los vi. Algunos enmascarados, escondidos tras un pasamontañas o una pañoleta, otros a rostro descubierto, moviéndose a salto de mata entre la gente harta del desgobierno de Goni y compañía, un contexto perfecto para rebelarse contra el poder, tal y como confirmó Felipe Quispe, el Mallku, en alguna que otra entrevista, y que, curiosamente, no fue citado a declarar en el juicio quizás porque tanto allá como acá, se entiende que el otrora líder campesino, experto en bloqueos de caminos y ramas anexas, presenta ciertas lagunas mentales que acaban afectando su buen juicio y vician su criterio.
Al margen de ello, esta sentencia histórica y ejemplar, hace bueno el dicho que reza “la justicia tarda, pero llega”. Porque han tenido que pasar quince años-ahí es nada-para que se termine de cuajo con la impunidad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, por cierto, fuente inconcebiblemente aceptada por cadenas internacionales como CNN para comentar y analizar la coyuntura política de Bolivia, su Gobierno, su Presidente y los demás gobiernos progresistas de la región. En principio, deberán pagar una indemnización millonaria (diez millones de dólares) a las nueve víctimas de la parte demandante y, si se tercia y el gobierno boliviano hace bien su trabajo, someterse a un proceso de extradición cuya deriva sería un juicio de responsabilidades con un componente de delitos de lesa humanidad. Aunque lo primero es factible, la esperanza de que ambos sean al fin procesados en el país debe ser el principal objetivo de las autoridades nacionales.
De momento, ya vale ver a Goni avejentado y cojeando salir de la corte de Fort Lauderdale con el rostro desencajado. Ya lo sé. No hay que regodearse en la desgracia de otro, pero cuando uno fue testigo de tanta intolerancia traducida en más de sesenta muertos, alguno cuyo rostro aún veo en pesadillas, satisfacción es una palabra que se queda corta.