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21 marzo, 2018

Gatos pardos

Por Ramón Grimalt

La viralización del video en que una mujer humilla a otra por vestir pollera pone de manifiesto, una vez más, que a pesar de los avances alcanzados en los últimos diez años en materia de derechos civiles, la sociedad boliviana sigue arrastrando la pesada y despreciable carga del racismo. Hay quien considera que se trata de un hecho aislado; otros piensan y afirman con natural desparpajo que el hecho evidencia que la derecha conservadora y reaccionaria se niega a perder sus beneficios heredados de la colonia mantenidos por la oligarquía durante la república. Por supuesto, hay tantas versiones y opiniones sobre las mismas que es harto complicado llegar a saber a ciencia cierta qué es lo que pasó, sobre todo porque el incidente se ha instrumentalizado políticamente como no podía ser de otro modo tratándose de nuestro generoso país.
Ha bastado, a modo de ejemplo, la conferencia de prensa del vicepresidente, Álvaro García Linera, que aprovechó la coyuntura para asociar el reprochable incidente en un micro de la ciudad de Santa Cruz con quienes respaldan la causa del referéndum del 21 de febrero de 2016 o lo que es lo mismo, la campaña por el NO a la repostulación de autoridades, entre ellas Evo Morales. De algún modo era previsible que el mandatario, avezado pescador en río revuelto, utilizara tan burdo argumento para arrimar agua a su molino. Lo que no estaba escrito en el guión era que aprovechando su alta investidura y supuesta superioridad intelectual menospreciara a una periodista que simplemente le recordó las veces que él cruzó la delgada línea roja que separa la corrección del desatino. Molesto, García Linera mandó a “googlear” a la reportera para que se informara adecuadamente sobre lo que él considera “descripciones y definiciones sociológicas” de la clase media, en fin, genio y figura.
Estamos, pues, ante dos hechos significativos que no pueden ni deben caer en saco roto en una sociedad que sobre el papel se declara plural, multiétnica y diversa. El problema, sin embargo, es el doble rasero con que se mide “toda forma de discriminación” en el país. Existe una piel muy fina para sancionar moral y legalmente cualquier acto interpretado como discriminatorio cometido por alguien de raza blanca (mestizo o criollo) pero se pasa de puntillas cuando la exclusión viene de la misma esencia de los movimientos sociales empoderados y de aquellas autoridades que los elevan a motor de la revolución progresista sin cuyo concurso no sería posible.
Así, el vicepresidente lleva bajo el brazo una patente de corso que le permite tildar de “político decrépito” al expresidente Jaime Paz mientras desde Plaza Murillo se hace la vista gorda con el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, reconocido personaje misógino y altanero cuyo único mérito es sintonizar con el Gobierno por la cuenta que le trae. En cambio, cualquier opinión contraria al “proceso” es proscrita, menoscabada e inmediatamente relacionada con las “atávicas prácticas coloniales imperialistas de la derecha”, un enemigo recurrente de muy fácil identificación. Estamos, pues, frente a una lectura intencionada de una misma problemática que con el tiempo puede llegar a convertirse en un arma arrojadiza con efecto bumerán en una sociedad polarizada donde todos los gatos son pardos y nadie es químicamente puro.

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RESTA

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