Por Ramón Grimalt
Qué duda cabe que Bolivia tiene las fronteras más vulnerables y permeables del mundo. En tierra de nadie se mueven contrabandistas enfrentados a policías y militares que tratan de frenar un cáncer que ya ha hecho metástasis. Comprenderá usted que una afirmación tan contundente no es gratuita: me consta. Tuve ocasión de corroborarla en Desaguadero, límite con Perú, epicentro del tráfico y trata de personas.
Allí, niños y niñas, todos menores de edad, suben a buses sin control de las autoridades policiales de un lado y otro de la frontera. Asimismo, mercancía de dudosa legitimidad circula fácilmente al punto que se hace imposible saber a ciencia cierta si lo que se esconde en voluminosos fardos forrados en plástico y yute es ropa usada o armas. En definitiva, el caos impera allá donde el Estado no llega por incapacidad o negligencia. O las dos cosas tratándose de nuestro país.
No es extraño, ante este panorama, que la Policía, las Fuerzas Armadas y la Aduana Nacional, se vean expuestas continuamente. El asesinato de dos efectivos militares en labores de interdicción en las proximidades de Sabaya, desnuda las falencias estructurales de nuestro paupérrimo control fronterizo. Los contrabandistas, verdaderos mercaderes de la muerte, forman parte de una cadena de crimen organizado que se sostiene gracias a sus conexiones con ciertas esferas de poder. Sólo así es posible entender que nadie sea capaz de ponerle el cascabel a un gato sigiloso, revoltoso y escurridizo que además muestra sus garras cuando lo cree conveniente.
Si bien el presidente Evo Morales ha anunciado acciones efectivas contra esta lacra dejando entrever un permiso a las fuerzas del orden para usar armamento, incluso armas largas, lo cierto es que poco o nada pueden hacer policías, militares y aduaneros para abarcar una vasta zona de agreste territorio donde, además, las comunidades fronterizas están en connivencia con los criminales al punto de reaccionar como Fuenteovejuna cuando se llevan a cabo operativos conjuntos que sólo sirven para medir el ejercicio del poder allá donde los derechos humanos pierden su vigencia y razón de ser.
De cualquier modo cualquier esfuerzo cae y caerá en saco roto cuando los hechos demuestran a todas luces que el Estado está centralizado en las ciudades y poblaciones intermedias dejando las fronteras en un permanente estado de indefensión. Hoy, como ayer, los contrabandistas se presentan ante la sociedad como una suerte de caudillos bárbaros de republiquetas organizadas alrededor de cualquier ilícito. Su razón de existir no es otra que un negocio multimillonario que trasciende cualquier voluntad política para quedar anclado en una especie de erial donde cada quien recibe una tajada de una torta cada vez más grande. Porque ya me explicará usted qué produce Sabaya, verdadero paradigma del contrabando como una exclusiva y pecaminosa fuente de ingreso para más de un centenar de familias. Las mismas que en diciembre de 2017 asaltaron los depósitos aduaneros en Tambo Quemado para recuperar artículos decomisados y no tuvieron reparo en incendiar las instalaciones. Ahora a toda esta gente no hay dios ni hombre que las procese. La cuestión pasa, entonces, por determinar quién los apadrina, ampara, acoge y protege. Pero eso, me temo, quedará como secreto de sumario.
