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Batalla penal por la Ley del 8%






8 marzo, 2018

El sustento para proceder con la normativa de las alcaldías, es la paralización de proyectos municipales

ÁLVARO POSTIGO/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico – marzo 08/2018) El débito automático de recursos de las arcas del Gobierno Departamental está generando una serie de acciones penales entre la Gobernación y los alcaldes, quienes con una serie de argumentos se culpan por accionar irregularmente. 

Desde la Gobernación afirman que es ilegal de las alcaldías a debitar recursos con “complicidad” del Ministerio de Economía, al afirmar que ya existe un presupuesto aprobado para los proyectos concurrentes. 

En tanto, los alcaldes se basan en la Ley del 8%, que permite el débito automático de recursos departamentales en caso de que la Gobernación no cumpla con los proyectos concurrentes. 

La Gobernación oficializó la denuncia penal en contra de los alcaldes de San Lorenzo, Miguel Ávila Navajas y de Yunchará, Gladys Alarcón Farfán, además de otros funcionarios por tramitar débitos por encima de Bs 18 millones de arcas del Gobierno Departamental, basándose en la Ley del 8%, que es de alcance departamental.

La denuncia penal también es contra de la directora general de Administración y Finanzas Territoriales, Grisha Dalenka Fushimoto Arias y otros funcionarios públicos de las dos alcaldías, quienes fueron acusados por los presuntos delitos de: incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución, confirmó el secretario de Justicia, Yamil García Delfín

García, explicó que en relación a los recursos debitados, estos se encuentran en la vía administrativa,  por lo que aún están a la espera de que el Ministerio de Economía Finanzas, “se retracte” y proceda a la devolución de los Bs 18 millones que fueron destinados a dichas administraciones municipales.

 “Esto es porque fue una acción ilegal y que la normativa es clara con relación al cumplimiento de las leyes, en este caso,  la Ley del 8%, que fue publicada en el año 2018,  y no en la pasada gestión,  por lo que no corresponde la tramitación de los débitos”, declaró el secretario. 

En respuesta, el ejecutivo municipal de San Lorenzo, Miguel Ávila Navajas, indicó que en esta situación,  procederán a defenderse legalmente y que además, los alcaldes procederán a presentar denuncias penales en contra del gobernador, Adrián Oliva Alcázar, porque no está cumpliendo con los acuerdos y proyectos establecidos.

“Es la manera que tiene el gobernador -Adrián- Oliva para comunicarse con los alcaldes, mediante denuncias y amenazas que hace mediante la prensa;  no nos queda más que defendernos, porque son varios los proyectos paralizados que no están siendo cumplidos”, respondió Ávila. 

Sobre la misma normativa en cuestión, Ávila advirtió que si el gobernador no cumple con esta ley de alcance departamental, también van a formalizar las denuncias de tipo penal. (eP). 

Datos 

El alcalde de San Lorenzo confirmó la tramitación de un segundo débito automático. 

La Constitución Política del Estado, establece en su artículo 164, que cualquier ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación

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