El exgobernador, dijo que de existir un daño, la responsabilidad es del ejecutivo de Caraparí, Lorgio Torrez
LAURAVIDAURRE/ BOLINFO/ TARIJA
(elPeriódico- marzo 01/2018) Después de que la Contraloría General del Estado emitió un dictamen en contra del exgobernador del departamento de Tarija, Lino Condori Aramayo, resolviendo que devuelva Bs 9 millones al Gobierno Departamental por el daño generado en la adquisición irregular de tanques de agua en la provincia Gran Chaco, el aludido se defendió, indicando que la responsabilidad sería del ejecutivo de Caraparí, Lorgio Torrez.
Condori negó una afectación al Estado, al acotar que dicha adquisición fue para afrontar la fuerte sequía registrada en la zona del Chaco el año 2014.
Condori, explicó que la compra de los tanques para Caraparí, fue realizada en época de sequía, cuando requerían agua para el área rural.
Aclaró que, si bien la compra en un 100% la hizo la Gobernación, dejó los tanques en almacenes de Caraparí, por lo tanto, la responsabilidad quedó en manos del ejecutivo seccional de ese municipio.
“Si estamos hablando de responsabilidades de entrega -de los tanques- es el ejecutivo seccional”, sostuvo.
Condori dijo que está haciendo los descargos que corresponde ante las instancias legales. “Creo que tenemos unos días para hacer el descargo”, dijo.
Hizo énfasis en decir que aquellos procesos que le sigue la Gobernación, responden a cuestiones políticas, es así, que está se está defendiendo de todas las acusaciones.
El proceso
Este proceso recae por la contratación por excepción en la adquisición de tanques o cisternas flexibles para la provincia Gran Chaco, mismos que no habrían sido utilizados; unos están abandonados y otros, ni siquiera se sabe dónde están.
Los habitantes de las comunidades que debían beneficiarse, dejaron estos tanques abandonados en lugares expuestos, de forma que los mismos, no cumplieron con su objetivo inicial, que era de dotar de agua en lugares afectados por la sequía. (eP).
Apunte:
No consideraron estudio
En su momento, el secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García Delfín, de acuerdo a documentación de estas compras, explicó que la Contraloría General del Estado, evidenció que la adquisición fue realizada sin considerar, “en absoluto”, el estudio técnico, económico, social y ambiental o TESA, que debía conducir el proceso de contratación.