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​Advierten con querellas a los alcaldes por débitos






26 febrero, 2018

Antes de asumir las acciones penales y constitucionales, la Gobernación  espera la justificación del Ministerio Economía y Finanzas.

ALVARO POSTIGO/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico – Febrero 26/2018) Tras la ejecución de los débitos automáticos que le significaron al Gobierno Departamental 18 millones de bolivianos, desde la Secretaría de Justicia de la Gobernación advierten iniciar las acciones penales y constituciones en contra de aquellos que ejecutaron los débitos, mismos que “fueron tramitados de manera irregular”.

En ese sentido el secretario de Justicia, Yamil García Delfín hizo conocer que las acciones penales y constitucionales ya están preparados, esto con el objetivo de recuperar los recursos sustraídos.

Es así, que podrían ser ejecutadas en el transcurso de esta semana, esto si no reciben una respuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Asimismo, García aseveró que, jurídicamente los débitos fueron aplicados ilegalmente y los denunciados ante las instancias legales serían, la alcaldesa de Yunchará, Gladys Alarcón; el alcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila; la directora general de Administración y Finanzas Territoriales, Grisha Dalenka Fushimoto Arias, sumados otros funcionarios públicos de las dos Alcaldías, mismos serían acusados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución.

“Nosotros ya presentamos una acción administrativa para que este problema se resuelva mediante esta vía, entonces enviamos un recurso administrativo al Ministerio de Economía y Finanzas del cual esperamos que nos respondan esta semana en caso de no recibir una respuesta satisfactoria, procederemos a presentar las denuncias penales y constitucionales”, dijo García. (eP)

Apunte 

Asambleísta Lea Plaza pide que se asuman las acciones legales 

En complemento el asambleísta, Mauricio Lea Plaza Peláez, manifestó que está de acuerdo con la presentación de acciones legales para recuperar los 18 millones debitados por el Gobierno, ya que no se habría respetado lo establecido por la Constitución Política del Estado, que establece en su artículo 164, que cualquier ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, argumentando que la ley 206 o denominada del 8% fue publicada el pasado 3 de enero de 2018, por lo que los débitos automáticos tramitados por los alcaldes no proceden. (eP)

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