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​SEGURIDAD CIUDADANA Y DDHH






20 diciembre, 2017

Cnl. DESP. Rommel César Raña Pommiér

SUBCOMANDANTE DEPTAL. DE POLICÍA
A partir de la fecha y gracias a la gentil invitación de “El PERIÓDICO”, escribiré artículos (conceptos y consejos sobre seguridad ciudadana), que permitan precisamente contribuir a crear una cultura de educación vial y ciudadana; es decir concienciar a la población para cumplir las leyes que rigen la conducta humana en nuestro país. Espero que éste noble propósito sea de provecho para nuestras familias, nuestros hijos y a futuro los hijos de nuestros hijos y finalmente pues para que Tarija siga siendo una de las ciudades más seguras de nuestra amada Bolivia.

Se entiende por Seguridad Ciudadana “aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones ilegítimas que pueden lesionar tales derechos.” La temática de seguridad ciudadana se ha situado como prioritario en las agendas públicas y se ha conceptuado el problema de la inseguridad como una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas de Tarija, el país, la región y el mundo; lo cual se refrenda a partir de un adecuado diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana integrales y estratégicas, prueba de ello es la promulgación de la Ley 264, “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para una vida segura”. 

La función policial en democracia, se erige como un servicio público a la comunidad que tiene por finalidad garantizar a toda la población el libre ejercicio de los derechos y libertades; en consecuencia su labor se enmarca en el Artículo 251 de la CPE a partir de la misión encomendada a la Policía Boliviana, cual es la de defender la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional.

El derecho a la seguridad es por ello, un derecho fundamental para todos, – ej.  el derecho a la integridad física y la vida en sentido estricto – por lo que el objetivo último de las políticas de seguridad desarrolladas por el Estado para el logro de su garantía, no es el de la protección de una parte de la sociedad sino de la totalidad de los ciudadanos en la construcción de pautas de convivencia democrática compartidas, en las que en el marco de la seguridad ciudadana deben primar políticas sobretodo de prevención antes que las de represión. Para el cumplimiento de estas políticas a nivel de los gobiernos departamentales y municipales, se requiere un nivel efectivo de coordinación en la trilogía que hace a la seguridad ciudadana: Autoridades, Policía y la sociedad civil; en el marco de lo señalado en la Ley 264 “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para una vida segura”.

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Cnl. DESP. Rommel César Raña Pommiér