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La ruta del “narcoarroz”: Bolivia, España y África






18 diciembre, 2017

Agencias

 

La organización transnacional Los Urabeños funcionaba con todos sus eslabones, que abarcan desde sicarios hasta empresarios que se dedican a lavar dinero, en varias zonas del país y el extranjero, desde Bolivia a España, pasando por Chaco, Rosario, Brasil y Guinea-Bissau, África. El entramado que posibilitó que este cartel operara en nuestro territorio.

“Pidan lo que quieran pero esto tiene que aprobarse hoy”, urgió a los siete ediles Diego Garavano (Partido Justicialista), el presidente del Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez, una ciudad de 80 mil habitantes que está separada de Rosario por una avenida. Aquel 7 de octubre de 2013 sobre la mesa del recinto había una carpeta color verde con el rótulo “Crematorio V.G.G.”, que unos minutos antes había enviado el intendente de esa ciudad, Pedro González (Partido Justicialista), yerno de Garavano.

Carlos Dolce, del Partido Socialista, fue el único concejal que se abstuvo y no aprobó el expediente N° 4933/13. Nadie tomó en cuenta su pedido de estudiar con mayor profundidad ese proyecto. “Sospeché que detrás del crematorio había algún negociado del intendente, pero lo vinculé con el tema inmobiliario”, advirtió. Se equivocó.

¿Quién podía sospechar e ir más allá y pensar que detrás de la construcción de ese crematorio había un grupo narco transnacional? Esa “inversión” del cartel colombiano de Los Urabeños (herederos del cartel de Cali) formaba parte de los $15.712.068 que esta organización había lavado en la Argentina a través de 30 empresas que crearon en el país desde 2010.

Esta organización se asentó en el país con el liderazgo de los hermanos Erman y Williams Triana Peña, a través de una red de empresas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en distintas provincias, como Santa Fe, Tucumán y Mendoza, y también en otros países, fundamentalmente Colombia y Panamá. Con esas compañías lavaban el dinero del narcotráfico. Este cartel buscaba nuevas rutas para el contrabando de cocaína y África aparecía como un destino intermedio para llegar a Europa y Asia.

Era la muestra de cómo el dinero del narcotráfico podía colarse por los puntos más débiles del Estado. En este caso un municipio donde las grietas y escasos controles institucionales dejaban el resquicio para que los fondos sucios se blanquearan en obras que no eran necesarias y por las que nadie pedía demasiadas explicaciones. En esa ciudad asediada por la pobreza y la violencia –ese año se cometieron 38 crímenes– el gobierno local alentaba la construcción de un sistema para incinerar cadáveres. Y nadie, según Dolce, iba a controlar qué cuerpos se cremaban.

Dos años después de que se aprobara la edificación de ese crematorio aparecieron algunas respuestas. El 17 de septiembre de 2015, Gendarmería nacional allanó el depósito fiscal de la empresa Binder SRL, en Rosario, y tras un extenso peritaje los efectivos de esa fuerza y de la Aduana pudieron determinar con dos perros golden retriever que el cargamento de 46 toneladas de arroz que había pasado los controles de escáners contenía 12 kilos de cocaína.

Esa carga despachada por la empresa Euroexport SRL -con domicilio en Buenos Aires 440, San Miguel de Tucumán- tenía como destino el país africano Guinea-Bissau, donde el cereal iba a llegar a través del programa “Hambre Cero” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El cartel había comenzado a probar una nueva ruta por África, como punto intermedio, para luego llegar a Europa. El centro operativo de Los Urabeños en la Argentina funcionaba en Rosario, donde el puerto daba esas ventajas logísticas.

En ese predio de tres hectáreas junto al cementerio “San Lorenzo” de Villa Gobernador Gálvez, a 298 kilómetros al noroeste de Buenos Aires y cuya propiedad era de Ricardo Papalardo -un desarrollador inmobiliario con vínculos con el intendente-, la mutual Provincias Unidas (pantalla que usaba el cartel) pretendía construir un crematorio para incinerar cadáveres. Esa entidad, con sede en Rosario, que no tenía ninguna experiencia en el rubro, iba a desembolsar -según el convenio de concesión N° 3369/2013- para esa obra $19.500.000 y 700 mil dólares.

Las sospechas que levantaba el crematorio apuntaban al veterano cacique peronista Pedro González, quien falleció de un paro cardíaco el 7 de mayo último. Esa ciudad de 80 mil habitantes, considerada el patio trasero o el “escondite” de Rosario, estuvo al mando de González entre 1991 y 2003 y entre 2011 y 2015.

En las calles de Villa Gobernador Gálvez se libró parte de la guerra entre bandas narco de Rosario. Allí mataron el 26 de mayo de 2013 a Claudio Cantero, alias “Pájaro”, líder de la banda “Los Monos”, una muerte que disparó un raid de venganzas contra la familia Bassi, cercana al ex intendente, a quien “ayudaba” movilizando en la flota de remises a los votantes en la época de elecciones.

La remisería “Cinco Estrellas” fue el escenario de esa cacería. Allí fue asesinado el 31 de diciembre de 2013 Leandro Bassi, de 36 años. El 12 de febrero de 2014 fue acribillado su hermano Maximiliano, de 34. Y Luis, de 60 años, el padre de ambos y de “Pollo”, el jefe de los sicarios que libraron la guerra a “Los Monos”, fue ejecutado mientras tomaba mates en la puerta del local, donde tiempo antes habían instalado un acoplado a modo de barricada.

La mutual Provincias Unidas pagó en concepto de canon un adelanto al municipio de $ 2.000.000 el 11 de noviembre de 2014. Un mes después de que el dinero se acreditara en la cuenta N° 0074002 del Nuevo Banco de Santa Fe, Guillermo Heisinger, el arquitecto financiero del cartel y ex funcionario del Ministerio del Interior de la Nación durante la gestión de Carlos Menem, caminaba por avenida San Martín al 800, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando sonó su teléfono.

El sol era implacable a las 14.26 de aquel 4 de diciembre de 2014. Estaba a sólo 20 metros del edificio del Consejo Federal de Inversiones, pero prefirió no entrar; decidió soportar el calor parado en la vereda del viejo edificio del club Harrods para atender esa comunicación que era importante por quien llamaba.

Lo primero que le preguntó a su socio Aldo Corizzo fue: “¿Vio la luz lo del crematorio?”. Ese jubilado que vivía en barrio Martin en Rosario y también tenía como domicilio el departamento de Heisinger en Alvear 1502, en el barrio de Recoleta, fue quien tejió el “negocio” en Villa Gobernador Gálvez.

En ese departamento lujoso donde vivía Heisinger, la Policía Federal secuestró a fines de 2015 la carpeta color verde que tenía el rótulo: “Proyecto Crematorio V.G.G”. Estaba sobre un escritorio junto con fotografías del ex funcionario con el papa Juan Pablo II y en otras dos con el entonces presidente Menem.

“Ya firmé con el ‘Gordo’ González”, contó Corizzo y preguntó si Carlos Yorelmy Duarte Díaz, uno de los capos colombianos de la banda, había regresado de Uruguay. Tenía que reunirse con él en Rosario para pasarle las novedades. “Primero firmo lo del crematorio y después lo del puerto”, resumió Corizzo, en esa breve comunicación de dos minutos.

Faltaba cerrar otros eslabones de la cadena de “inversiones” que delineaba el cartel liderado por los hermanos Erman y William Triana Peña para lavar dinero del narcotráfico y exportar cocaína hacia África.

Pretendían manejar un puerto en la zona de Fray Luis Beltrán, hacia el norte de Rosario, para exportar los cargamentos de arroz con cocaína de máxima pureza que Wilmar Yuriano Valencia Estrada (detenido por la Policía colombiana en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, Colombia), alias “El Especialista”, preparaba en la casa ubicada en el barrio de Arroyito de Rosario (Víctor Mercante al 1100) con el oncólogo argentino Gabriel Zilli, reconocido especialista en tratamientos contra el dolor a enfermos terminales.

La pelota sí se mancha

La otra pata estaba relacionada con el fútbol. Pretendían desembolsar dinero en Rosario Central para la compra de jugadores. Era un recorrido similar al que habían trazado en el club “El Porvenir”, en Gerli, al sur de la Provincia de Buenos Aires. “El Porve” atravesaba uno de los momentos más duros desde su fundación en 1915: jugaba en la categoría “D” y no había muchas chances de ascender.

El 25 de febrero de 2015 la comisión directiva firmó un acuerdo con la empresa International Trade And Commerce (ITC), cuyos titulares eran el colombiano Carlos Yorelmy Duarte Díaz y el ex funcionario del Ministerio del Interior Heinsinger. La firma, que se creó en 2011 y -según la causa N° 7.650/2014– había administrado $ 24.708.935 durante cuatro años, aportaba al club $ 2.160.000 en cuotas mensuales de $ 80 mil. A cambio obtenían el 70% de los derechos económicos de todos los jugadores del club. El veterano dirigente de El Porvenir Enrique Merelas, entonces presidente del club, había firmado el acuerdo ante la desesperación de obtener fondos frescos.

Tomado de chequeado.com

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