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​Torres afirma que es “perseguido” judicialmente por la Gobernación 






7 diciembre, 2017

Aseguró que la ley aprobada por la Asamblea Legislativa garantiza que las subgobernaciones continúen administrando el programa de la canasta, pese al fallo del TCP


ÁLVARO POSTIGO/BOLINFO/TARIJA


(elPeriódico – diciembre 07/2017) Al conocer de la denuncia en su contra como del fallo del Tribunal Constitucional en su contra por la distribución de la canasta alimentaria para los adultos mayores,  el subgobernador de Cercado, Johnny Torres Terzo, calificó de “ineptos e incompetentes” a los funcionarios de la Gobernación. 

Según Torres, las denuncias en su contra no tienen sustento alguno y que las mismas obedecen a una persecución judicial, la que tendría el objetivo de inhabilitarlo como candidato para las próximas elecciones, afirmando que existe “temor” del entorno del gobernador Adrián Oliva Alcázar, porque se postule como ejecutivo departamental.

El fiscal departamental, Gilbert Muñoz Ortiz, había informado que la Dirección de Gestión Procesal de la Gobernación presentó una denuncia en contra del subgobernador Torres, acusándolo de una serie de delitos  con relación al contrato de las empresas que se encargan de proveer los diferentes productos de la canasta alimentaria. 

Según la denuncia existiría un daño económico al Estado de Bs 16 millones. 

El director de Gestión Procesal de la Gobernación, Iván Vaca Parrado, también dio a conocer del fallo emitido por el TCP que le niega la tutela del programa de la canasta alimentaria a la subgobernaciones. 

“Hicimos buena gestión,  contrariamente a ellos que han hecho una pésima”, respondió Torres a los funcionarios de la Gobernación.

Criticó la postura que asume la gestión actual de la Gobernación de perseguir a sus adversarios políticos.  

“Tanto hablan del MAS (Movimiento Al Socialismo) de persecución y ellos me persiguen”, ironizó Torres.

El subgobernador recordó que no tiene 20 procesos de corrupción como los que le iniciaron al gobernador Oliva. “Conmigo están suponiendo, seguramente me van a seguir metiendo procesos para inhabilitarme”.

Aclaro que no existe “ningún daño” económico al Estado por la contratación de las empresas que proveen los productos para la distribución de la canasta alimentaria a los adultos mayores. 

Explicó que los Bs 16 millones, debieron ser otorgados por la Gobernación para el pago de la canasta, pero este dinero “jamás fue desembolsado”. 

En ese sentido,  envió una carta al Ministerio Público, indicando dicha situación. En lo que respecta al fallo del TCP, aclaró que  le negaron la tutela por la acción de cumplimiento que presentó anteriormente, pero eso  no quiere decir que  le quiten  la tuición de continuar con el programa.

“No puedo estar con los incapaces, con los que se han dedicado a llorar, no hay más plata,  qué voy a hacer. No llores, trabaja, hace ¿Motete  habrá tenido 1.800 millones? no tenía ni 100 millones  y ha hecho”, declaró Torres en plena alusión a la gestión de Adrián Oliva. 

Gobernación y subgobernaciones esperan estar a cargo de la distribución de la canasta alimentaria para la gestión 2018, que implica la licitación, adjudicación como la distribución de los productos a los beneficiarios. 

La canasta alimentaria es un beneficio para los adultos mayores que se da mediante ley departamental en todas las provincias. Las subgobernaciones son las encargadas de la entrega. (eP). 

Datos 

Según el artículo 8 de la Ley del POA 2017, las subgobernaciones deben estar a cargo de la entrega de la canasta alimentaria.

El fallo del TCP le aclaró a Torres que no debió presentar la acción de cumplimiento, pero no le quitó  el derecho de continuar al frente del programa.